El Concello de Silleda y el BNG urgen el sellado del vertedero de Campomarzo

El Concello de Silleda y el BNG instan al gobierno autonómico a sellar y clausurar de forma definitiva el actual vertedero de residuos inertes de Campomarzo, toda vez que la Xunta acaba de publicar una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) desfavorable al proyecto que tenía la dueña del vertedero, Bander Residuos, para reconvertirlo en un depósito de residuos industriales no peligrosos.

La DIA se apoya en los informes en contra de Augas de Galicia, en los que alerta de las consecuencias que tendría esta actividad sobre las aguas del Toxa y la masa subterránea Ulla. Es una cuestión que ya recogía el Concello en sus alegaciones que presentó en abril de 2023 contra este proyecto, al estar localizado «nunha zona inundable e de alta permeabilidade, próximo a captacións de auga potable e á Rede Natura 2000». Silleda también hacía constar que la propuesta de Bander Residuos no valoraba de forma exhaustiva su afección ni al cauce del río Toxa ni a los hábitats ni a la flora y fauna del entorno. Desde el BNG trasdezano su portavoz, Erea Rey, apunta que la Xunta «recoñece agora que existe un risco real para o dominio público hidráulico, a apenas 150 metros do Toxa». La decisión de la Xunta, añade, «confirma punto por punto o que a veciñanza e outras entidades, como o BNG, levamos denunciando, que Campomarzo é unha bomba ambiental de reloxería». Por eso, este partido apela al sellado y clausura del actual vertedero de inertes, sin esperar a ver cómo evoluciona el trámite del depósito de residuos industriales no peligrosos. «Non abonda con dicir non á ampliación, hai que actuar de maneira inmediata para evitar unha catástrofe ambiental», remarca Rey.

Al margen de su alegación, el Concello manifestó ya en varias ocasiones su apoyo a los vecinos y vecinas e incidió «na necesidade de extremar as garantías ambientais, controlar posibles lixiviados, olores e impactos acústicos, e evitar novos prexuíxos nunha zona que xa viña arrastrando problemas dende hai anos» y que en abril de 2019, por ejemplo, motivó una denuncia de Galicia Ambiental ante el Seprona por lixiviados tras semanas de inundación del vertedero. Un par de años antes, en 2017, la Xunta sancionó al propietario (Bander es su titular desde 2020) por permitir el depósito de residuos no autorizados.

Son solo dos ejemplos de «unha irresponsabilidade prolongada» por parte de la administración autonómica, indica desde el BNG cruceño su portavoz, Álex Fiúza, para quien la única alternativa válida en Campomarzo pasa por «clausurar, descontaminar e garantir que nunca máis se repita unha situación así». Fiúza señala que el vertedero actual y el que se proyecta no son un problema solo de la parroquia silledense de Pazos, sino de toda la comarca dezana, «posto que as augas do Toxa e do Deza afectan a múltiples concellos e a miles de persoas, e dun xeito máis directo a lugares como Merza». Además de ese sellado definitivo, el Bloque elevará la situación al Parlamento y pide un sistema continuo de vigilancia de la calidad de las aguas en las zonas de captación afectadas, así como sanciones en caso de incumplimiento por parte de Bander. Silleda, por su parte, quiere reconocer el trabajo de los vecinos y de la plataforma para frenar el proyecto.