Stop Biometano Deza carga contra la planta auspiciada por la AED en Lalín

La Plataforma Stop Biometano Deza mantiene su rechazo a la planta proyectada en la comarca y sostiene que la iniciativa sigue adelante, pese a que el alcalde de Agolada había comunicado en pleno semanas atrás que los promotores ya habían desistido. El colectivo vincula ese cambio de escenario a la reunión celebrada en Lalín con ganaderos, bajo el auspicio de la Asociación de Empresarios de Deza (AED), en la que IAM Carbonzero, socia de Mapfre, expuso las supuestas ventajas de este tipo de instalaciones y defendió su implantación en la zona.

La entidad considera que la jornada, presentada bajo el título ‘Transición energética en el sector agroganadero. Potencial del biometano en la comarca de Deza’, ofreció una visión parcial del proyecto. En su argumentación, la plataforma cita estudios y publicaciones que cuestionan el balance ambiental de estas plantas, así como sus efectos sobre la salud, la calidad de vida y el valor del patrimonio inmobiliario en el entorno. También alude al caso del estado de Nueva York para reforzar su rechazo a la conversión de purines en energía.

Stop Biometano Deza rechaza que estas instalaciones sean la solución para la gestión de los purines en la comarca. A su juicio, con una gestión adecuada ese material puede seguir siendo un recurso agrario, mientras que las explotaciones con excedentes dispondrían de alternativas como ampliar fosas y balsas de almacenamiento o redistribuirlos entre granjas con base territorial.

Cifras de empleo

La plataforma también rebate las cifras de empleo difundidas por los promotores y sostiene que la creación de puestos de trabajo sería inferior a la anunciada: ocho estables, una treintena indirectos y más de medio centenar durante las obras. Del mismo modo, niega que este tipo de proyectos se desarrolle sin respaldo público y afirma que parte de la inversión está vinculada a financiación institucional y a distintas líneas de apoyo económico.

Otro de los puntos centrales de la crítica es la distancia prevista entre las instalaciones y los núcleos habitados. El colectivo denuncia que algunas plantas se plantean a apenas 500 metros de las aldeas y reclama a la Xunta de Galicia una regulación que eleve de forma sustancial la separación mínima respecto a viviendas, negocios de hostelería y captaciones de agua. Esa petición la extiende también a los concellos dezanos, a los que insta a endurecer la normativa municipal.

En su llamamiento final, la plataforma apela a la experiencia de otros municipios afectados por proyectos similares y recuerda advertencias como la del alcalde de Casasbuenas (PP), que habría alertado de que «os podéis cargar vuestro pueblo» y de que una planta de estas características «puede hundirlo en todos los sentidos».