La plataforma vecinal insta a Agolada a modificar las normas subsidiarias

En el pleno del día 5 el alcalde de Agolada, Óscar Val, indicó que sobre la parcela en la que iba a instalarse una planta de biometano al final se solicitó licencia para la construcción de dos granjas de gallinas, dando a entender que la promotora había abandonado el proyecto de esta industria. La plataforma STOP Biometano Deza recibe «con alivio, pero tamén con cautela», este anuncio, por lo que insiste en que el gobierno local modifique las normas subsidiarias. Agolada carece de Plan de Urbanismo y también de plan básico municipal propio, por eso regula cualquier desarrollo urbanístico con esas normas , cuya actualización fue aprobada en otra sesión plenaria, la del 9 de diciembre. Mientras se tramitan esos cambios, las licencias para este tipo de industrias han de quedar suspendidas de forma temporal.

Al cambiar esas pautas urbanísticas de mínimos, Agolada «pode evitar actuales e futuras ameazas da burbulla do biometano, darlles tranquilidade aos veciños e dotar de armas legais para evitar informar favorablemente compatibilidades urbanísticas a escasa distancia de núcleos rurais». De hecho, en marzo del año pasado Agolada informó de forma favorable la compatibilidad de plantas de biometano en Amance y en Basadroa, a pesar de que en Amance la instalación energética quedaba a solo 500 metros del casco y a 115 de la vivienda más próxima. En Basadroa las distancias eran mayores: a 518 metros del núcleo de población más cercano y a 477,40 de la primera vivienda. La plataforma vecinal quiere dejar claro que «nunca culpamos ao Concello da emisión de ditos informes, pero o que non se pode é negar que se informou favorablemente, como parece pretenderse».

En los dos informes se indica que la planta de biometano pretendía gestionar cerca de 100.000 toneladas anuales de purín de cerdo y estiércol de pollo, enriqueciendo estos residuos en la propia planta con «otros cosustratos procedentes tanto de otros residuos agrarios como de residuos ganaderos circundantes al municipio de Agolada». La instalación produciría 34.500 megavatios por hora al año de biometano (que pasaría a la red local de distribución de gas natural), así como biofertilizantes líquidos y sólidos.

El colectivo remarca esa obligación que tiene el PAyJ de incoar los trámites para esas modificaciones que están respaldadas por los partidos políticos y también por una solicitud que firman casi 2.300 personas para frenar el proyecto. La petición va dirigida al Concello pero también a distintos departamentos de la Xunta. Si Agolada no cambia sus normas subsidiarias, «será un síntoma claro de que dito acordo só foi un brindis ao sol e de que non hai vontade de protexer á poboación en proxectos tan prexudiciais».