La administración local, diana de un tercio de las 91 quejas ante la Valedora do Pobo

La Valedora do Pobo atendió durante el año pasado 91 quejas procedentes de los ocho municipios que conforman Deza y Tabeirós-Terras de Montes. Lalín y A Estrada encabezan el número de expedientes abiertos, con 45 y 29, respectivamente, mientras que desde Forcarei se remitieron 7, desde Vila de Cruces 6, desde Silleda 4 y, por último, 3 desde Dozón.

En este casi centenar de quejas ante el alto comisionado del Parlamento tienen un peso notable las que se refieren al funcionamiento de la administración local, con 29 casos, repartidos entre los 11 de A Estrada, los 9 de Lalín, 4 en Forcarei, 3 en Dozón y 2 tanto en Silleda como en Vila de Cruces. Por tanto, durante el pasado ejercicio no se remitieron quejas contra el Concello de Agolada ni el de Rodeiro.

En su informe, la instancia que encabeza María Dolores Fernández Galiño que a Lalín, igual que a otros concellos como Ordes, Vigo, Poio o las consellerías de Facenda, Política Social y Sanidade, se le remitió una resolución recordándole sus deberes legales e instándole a informar a una candidata sobre el estado de la bolsa de empleo en que se había inscrito. Lalín aceptó esta recomendación, igual que otras 17. Hubo 2 que el Concello aceptó de forma parcial y otras tantas rechazadas. Al cierre del informe, Lalín aún no había respondido a la recomendación de incluir en la sede electrónica los presupuestos de 2024, así como la RPT.

Roturas de tuberías

Respecto a Lalín, la mediación de la Valedora forzó al Concello a incoar un expediente para informar a una vecina sobre la licencia de construcción de un silo contaminante. Sin salir del área de Urbanismo, las averías en la red de abastecimiento de agua en la rúa Pintor Laxeiro motivaron una investigación de oficio.

La Valedora do Pobo resalta también, en Urbanismo, la queja de una vecina de Vila de Cruces por la demora en la expedición del permiso para reformar una vivienda familiar. La afectada había solicitado esa autorización ya en diciembre, de modo que la Valedora tuvo que recordar a Cruces también sus deberes legales, pero el Concello rechaza la queja alegando que la limitación de recursos humanos motivó ese retraso. El gobierno de Xuntos polo Noso Concello sí accedió a solventar la insuficiencia de receptores de la señal de televisión, pero decidió no atender la petición de un punto de luz en el acceso a una aldea de Brandariz «porque no entorno da vivenda xa hai alumeado público». Cruces, como Lalín, tiene pendiente de resolución otra demanda vecinal: la recogida de aguas pluviales para evitar que los arrastres durante las lluvias acumulen tierra en la fachada de una casa de Brandomés.

En tierras dezanas, el informe de la Valedora hace mención a la queja que en su momento presentó Mario Vila para que el Concello dejase de usar el topónimo incorrecto de O Sixto (la forma oficial es O Sisto). El Concello aceptó la recomendación del alto comisionado, con el compromiso de trasladar al INE la forma legal antes de que rematase 2024. Pero a día de hoy, aún queda alguna señal con el topónimo mal escrito. En Dozón también se echa en falta una mayor transparencia de la administración local a la hora de facilitar en la plataforma de contratación de su web más información sobre proyectos y obras.

Horas del SAF

Ya en Tabeirós-Terra de Montes, la cabecera comarcal de A Estrada tiene pendientes de respuesta tres expedientes remitidos por la Valedora. Uno de ellos le recuerda al Concello sus deberes legales para cubrir las horas del SAF, una cuestión que tampoco resolvieron los concellos de Noia, A Fonsagrada, Lugo o San Sadurniño. En el caso de A Estrada, hay un vecino con un grado de dependencia reconocido que le permite contar con 94 horas al mes del SAF, y sin embargo estaba, en noviembre de 2024, en lista de espera. También quedaban por resolver la licencia de reforma de una casa construida al pie de una antigua carretera provincial, así como la mejora de una pista cuyo grado de deterioro anega el firme.

Por su parte, desde Forcarei una vecina insta al Concello a ordenar el derribo de una vivienda declarada en ruinas desde hace años. Esta queja fue aceptada ya en el mes de abril. Pero el ejecutivo, al cierre del pasado ejercicio, aún sin resolver otra, relacionada con la transparencia de la administración: la Alcaldía debe facilitar a la posición el acceso a las actas de la junta de gobierno local y a otros documentos que faciliten su labor de fiscalización.