Crespo sopesa judicializar la cuota que aporta el Estado para pagar el SAF

El PP de Lalín sacó ayer en solitario –el BNG votó en contra y tanto el PSOE como Compromiso se abstuvieron– la adjudicación del Servizo de Axuda no Fogar a la empresa Protección Geriátrica 2005. Esta firma ya presta esta tarea desde 2023 pero sin contrato y, por tanto, durante casi dos años hubo que pagarle con facturas reparadas por Intervención.

Antes de votar, el alcalde de Lalín, José Crespo, anunció que está «explorando a posibilidade de acudir aos xulgados porque o Goberno estatal está ninguneándonos aos Concellos» en la financiación del SAF. Crespo hizo memoria y recordó que cuando José Luis Zapatero ocupaba la presidencia, convocó a la ejecutiva de la Federación de Municipios e Provincias (FEMP) para comunicarles que el Estado pagaría el 50% del SAF y las comunidades autónomas el otro 50%. Este porcentaje no llegó a fijarse por ley, y en la actualidad las arcas estatales aportar un 20%, por lo que los concellos tienen que poner el 30% restante que correspondería a Madrid. «A nós vainos custar máis dun millón de euros de fondos propios», calculó el regidor. No sería la primera cuestión que judicializa Lalín: en 2010, sentó jurisprudencia al ganarle un pleito abierto por Iberdrola para no pagar el IBI de sus parques eólicos en el municipio. Desde entonces, «os concellos pasaron de cobrar o 0,4 de IBI ao 1,3».

Fue de las pocas novedades en un pleno que calcó las intervenciones del del 31 de octubre, en el que el gobierno intentó meter por la vía de urgencia esta adjudicación pero BNG y PSOE urgieron más tiempo para estudiar la documentación. El edil de Servizos Sociais, Avelino Souto, recordó que el coste del servicio es de 2.077.883 euros anuales, ofrecerá más de 81.000 horas por ejercicio y estará en vigor por dos años, prorrogables por otros 2 (1+1). Hubo seis empresas candidatas pero dos ya no superaron la evaluación técnica.

Informe anual

Teresa Varela, edil de Compromiso, apuntó que la adjudicación supone un ahorro de 128.000 euros respecto al precio inicial, pero aconsejó «estar expectantes ao desenvolvemento do contrato», porque desde 2024 vuelven a estar en vigor las reglas de gasto, de estabilidad y de objetivo de deuda pública, que limitan el incremento del gasto de una administración. El del SAF es un contrato plurianual, y el informe de la Interventora del 29 de octubre, indica Varela, señala que con la recuperación de estas reglas que en un futuro el Concello podría tener que acudir a créditos o subir impuestos para afrontar pagos futuros.

Varela animó al gobierno local a invitar a la oposición a aportar ideas en este tipo de contrataciones. El PP tampoco tuvo en cuenta a las trabajadoras del SAF, como recordó Francisco Vilariño, desde el Bloque, quien remarcó que en estos dos años Protección Geriátrica 2005 «cobró mucho más de lo que va a percibir ahora». A sus críticas sobre el pago del kilometraje, por debajo de las cifras de Silleda o de Cuntis, Avelino Souto apuntó que en estos casos el SAF está municipalizado.

Vilariño y la portavoz del PSOE, Alba Forno, incidieron en vigilar el contrato en cuanto a la estabilidad y salario de la plantilla. Forno solicitó que la comisión de seguimiento, ‘Xuntos coidamos Lalín', se reúna cada tres meses y elabore un informe anual con el promedio de altas de usuarios, las horas prestadas, incidencias y reclamaciones. A la afirmación de Avelino Souto de que en Lalín ninguna persona con grado 3 de dependencia está en la lista de espera del SAF (hay concellos del PSOE con más de un centenar de usuarios aguardando por el servicio) Forno solicitó saber cuántas personas con grados de dependencia más bajos sí están esperando por este servicio.