Lalín activará una ayuda para alojamiento temporal a víctimas de violencia de género

La corporación municipal de Lalín debatirá mañana en pleno la modificación de diversas ordenanzas de servicios sociales, que dio a conocer ayer el edil de Política Social Avelino Souto, junto a la anterior responsable, Carmen Canda.

Una de las novedades dentro de las Axudas de Emerxencia Social (AES) será la cobertura del coste del alojamiento temporal para mujeres víctimas de violencia de género y doméstica, sin que tengan que cumplir los requisitos económicos. «Hasta ahora, los gastos de un alojamiento temporal no estaban protocolizados», e incluso en municipios grandes resulta difícil buscar un techo provisional para las mujeres que padecen esta situación, indicó Souto. La actualización de la redacción técnica y legal de las AES también tiene en cuenta a los descendientes de emigrantes retornados que llegan a Lalín (la mayoría, procedentes de Venezuela), y que podrán tener acceso a estos aportes sin ningún otro requisito. Eso sí, la situación migratoria de la persona beneficiaria tiene que ser regular, al igual que el de toda su unidad familiar, que es otra de las novedades. «Ayudar sí, pero dentro de la legalidad y garantizando que se cumplen todas las normas», remarcó el concejal.

Estas modificaciones incluyen una actualización por parte de Lalín del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), un valor que se emplea para decidir el acceso a becas, ayudas sociales o subsidios. Está sin actualizar por parte de gobierno estatal desde 2023, porque se prorrogó la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Así, estas ayudas podrán alcanzar el 90% en lugar del 80 actual, y en otros donde cubrían el 100% del IPREM llegarán ahora al 110. «Ya que el IPREM no se actualiza, nosotros lo compensamos por otra vía», a la par que se eliminan trámites burocráticos para que los trabajadores sociales «puedan resolver en días, y no en meses».

Mejoras, no recortes

Hay cambios también en la ordenanza del servicio de conciliación. Souto apunta que este año «se hizo un esfuerzo desde el Concello y entraron todos los niños, pero puede haber algún año que no suceda así, porque en muchos municipios no hay plaza para todos los niños y los recursos son finitos». Por eso, en la nueva ordenanza tendrán prioridad para acceder a una plaza los pequeños cuyos progenitores o las personas con guarda custodia tengan un contrato de trabajo, independientemente de su renta. «Trabajar tiene que compensar. No puede ser que quien hace el esfuerzo de trabajar todos los días, quede detrás de quien no lo hace. Queremos un sistema que premie a las familias» que tienen un contrato laboral. Así, y en caso de que haya lista de espera, una vez que entren todos los niños con progenitores que trabajan, sí se mirará la renta.

Souto incide en que «no son recortes, son mejoras», adelantándose a las críticas que puedan venir desde la oposición. Tanto PSOE como Bloque y Compromiso conocen desde el lunes que ayer se celebraba la mesa de contratación del Servizo de Axuda no Fogar, que irá al pleno de mañana. Seguirá prestándolo la actual adjudicataria, Protección Xeriátrica 2005 SL, durante dos años, prorrogables por otros dos (uno más uno) y por un coste de 2.077.383 euros. «Fue la oferta con la mejor oferta de calidad, según los técnicos» y por laque obtuvo la mayor puntuación, aunque no la primera en el apartado económico. Sí recabó la mejor nota global.

Los precios para los usuarios serán, en la modalidad de libre concurrencia, de 21,32 euros por hora, que pasan a 26 en la de dependencia y a 25, 22 en la dependencia en jornadas festivas.

Media de los costes por desplazamiento hasta 2030

Una vez formalizado el contrato del SAF «queremos mejorar el servicio» mediante reuniones con la empresa y con la mirada puesta en los usuarios pero también en las trabajadoras.En este punto, y en relación a la sentencia que obliga a la adjudicataria a pagar 500 euros a varias empleadas para cumplir con la tarifa del kilometraje, Souto apoya la denuncia de cualquier trabajador que considera que se incumplen sus derechos. Añade que la empresa ya en el acto de conciliación reconoció que había pagado mal unos meses, y en el nuevo pliego «va recogido conforme al IPC el coste que le supone a la empresa». El Concello no puede marcarle a una firma cuánto debe pagar por desplazamiento, ya que esta debe guiarse por un convenio colectivo regulado y que por cierto «está sin actualizar, porque los sindicatos no se ponen de acuerdo». Por eso, cuando se presentan las empresas, tienen que tener en cuenta que podrían tener que abonar más si se modifica ese convenio colectivo. Ahora, la empresa ya está pagando conforme al convenio.Lalín sí marca los precios idóneos conforme a la subida del Índice de Precios al Consumo (IPC) que marca el Banco de España. En el nuevo pliego se recogen esas tablas de previsión del valor por kilómetro de los ejercicios entre 2025 y 2030, para hallar una media.

Una concejalía «con el corazón puesto en las personas»

Avelino Souto lleva 96 días al frente de Política Social, tras la última remodelación del ejecutivo local del PP. Durante estos primeros meses «me empapé de esta área y resolvimos las cuestiones más urgentes e inmediatas» y anuncia que habrá en un futuro más avances en unos servicios sociales «que funcionan, pero que pueden tener cambios para dar más, paso a paso, con rigor y con la mano tendida a todos los agentes sociales y con el corazón puesto en las personas».Remató apuntando que el servicio de conciliación para el puente festivo del fin de semana funcionará mañana viernes y el lunes, día 3, en el edificio sociocultural, de 7.30 a 15.00 horas. Además, quedarán resueltas la semana que viene las becas de escolarización y ya están concedidas las destinadas a entidades sin ánimo de lucro.