Una sentencia eleva los pagos por desplazamientos del SAF

Una sentencia del Juzgado de lo Social Número 2 de Pontevedra obliga a Protección Geriátrica 2005 SL- Asistenzia, la adjudicataria del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) de Lalín, a abonar en total 500 euros a varias trabajadoras por pagarles a la baja el desplazamiento por kilómetro para atender a los usuarios del servicio. Las cuantías que debe satisfacer a cada una de las afectadas que presentaron demanda en enero de 2024 en relación a las cuantías percibidas en 2023 oscilan entre los 24 y los 103 euros.

El secretario del sindicato CIG Deza, Antón Merayo, y la delegada de Prevención, Mónica Rodríguez, dieron a conocer ayer este fallo judicial, que afea a la empresa apuntando que «vino abonando mal el plus y no corrigió este error pese a reconocerlo en el acto de la vista, dejando la discrepancia final en una cuantía tan exigua que no justifica el coste real que este pleito supone para las arcas». La CIG, que ya ha presentado demanda sobres esos pluses de 2024 y 2025, calcula que al final la empresa tendrá que abonar 1.500 euros en los tres años por haber decidido pagar cada kilómetro a 0,18 euros, «muy lejos de la realidad» de los 0,22 que se pagaban de media en 2023. Puede parecer una nimiedad, pero esa diferencia de cuatro céntimos supone una cuantía a considerar a finales de mes para trabajadoras del SAF «que suelen hacer miles de kilómetros» en cada mensualidad y correr además con los gastos de mantenimiento de su propio coche, ya que no disponen de vehículo de empresa. Merayo recalca que las mujeres que trabajan para Asistenzia fueron contratadas por una empresa privada «pero están en un servicio público» en el que la administración tiene un precio más elevado para ese coste de desplazamiento, de 0,26 euros por kilómetro. «¿Quién va a pagar esta diferencia que marca la sentencia? La empresa, pero el Concello tiene responsabilidad», indica Merayo.

Reflexión desde el Concello

Para el responsable sindical, el más de año y medio entre la presentación de la demanda y la sentencia «sirvió para que la empresa ganase tiempo». Por su parte, Mónica Rodríguez apunta que este fallo judicial «es una victoria que reafirma un derecho básico, aunque lamentamos tener que acudir constantemente a los juzgados para lograr lo que por ley nos corresponde». Invita al Concello, también, a hacer una reflexión sobre el precio por kilómetro que recoge el pliego de contratación de la nueva licitación.