Denuncian que un traslado del servicio del Imelga afectará a los vecinos de las comarcas
| Los sindicatos SPJ y USO alertan de la intención de la Xunta de llevar este recurso de Santiago para Pontevedra | Afecta a accidentes de tráfico, pruebas periciales por divorcios con menores o levantamientos de cadáveres

Inauguración de los nuevos juzgados de A Estrada, a principios de este mes. / | Bernabé/Javier Lalín
El Sindicato Profesional de Xustiza SPJ-USO, mayoritario en la administración judicial en Galicia, denuncia la intención del gobierno autonómico de «alejar» a los vecinos de las comarcas de los servicios del Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) con su traslado desde su localización actual, en Santiago de Compostela a Pontevedra.
La central sindical afirma que de materializarse la propuesta de la Xunta, la población de los partidos judiciales de Lalín y A Estrada debería viajar a la capital de la provincia para cualquier prueba pericial en casos de divorcios con menores, accidentes de tráfico y otras cuestiones, además de que cualquier levantamiento de cadáver tendría ahora una demora en el tiempo considerable y un mayor coste. SPJ-USO exige el mantenimiento de los dos partidos judiciales de las comarcas en la dirección de Santiago, cuestión que apoyan en una serie de argumentos. Así, indican que actualmente existe un modelo de distribución territorial eficiente, basado en las áreas sanitarias, que se pretende cambiar por otro menos eficiente en tiempo y coste de los desplazamientos, ya sean programados (consultas o reconocimientos en domicilios) como de guardia (levantamientos de cadáveres o reconocimiento de detenidos), tanto para los forenses como para la ciudadanía. «Esto comporta una demora en la prestación de los servicios que hacen que el nuevo modelo resulte ineficaz», manifiesta el sindicato.
Por otro lado, en el escrito presentado ante la Dirección Xeral de Xustiza se expone que ahora se cuenta con una dotación de medios proporcional a la carga de trabajo tanto en la Dirección de Santiago cómo en la Subdirección de Pontevedra, que se quiere cambiar por un modelo desequilibrado. «Esto supone un perjuicio para los trabajadores del Imelga de Pontevedra y para los juzgados a los que prestará servicio, con un incremento en el tiempo de espera para las valoraciones que les soliciten, condicionado por el incremento en la carga de trabajo», añade, al tiempo que reitera que estas modificaciones no supondrían ventaja alguna.
En lo que respecta a las distancias, se indica que el desplazamiento entre Lalín y Santiago se completa en 36 minutos, mientras que en el viaje entre la capital dezana y la provincial se tarda una hora y once minutos. En el caso de A Estrada, el tiempo de 26 minutos pasaría a elevarse a 50. Se pone como ejemplo que en los puntos más distantes de este territorio la respuesta de levantamientos de cadáver por ejemplo, «puede suponer más de una hora y media, eso contando so el desplazamiento». O que los vecinos de las comarcas también se verán afectados cuando tengan que desplazarse a la sede de la Subdirección del Imelga para la realización de las pericias del equipo psicosocial y extraxudiciales privadas o familiares que acudan a recoger los objetos de los fallecidos. Apunta que la población a la que da servicio el Imelga de Pontevedra se incrementaría en 63.000 personas, y la extensión del territorio en 1477 km2, siendo el tiempo medio de respuesta sensiblemente mayos conforme al expuesto «y empeorando el servicio público».
También expone que tanto en pericias solicitadas como en informes emitidos en el Imelga de Pontevedra hay mayor carga por persona que en el de Santiago, «por lo que no se entiende que se aumente la carga de trabajo en Pontevedra». En las Unidades de Valoración Forense Integral ocurre el mismo: hay una en cada subdirección, y Pontevedra supera en números a Santiago. Dice que la inclusión de Lalín y A Estrada en esta nueva área supone aumentar cuatro juzgados más a Pontevedra y sumar 5.434 asuntos más al año.
Intervención en cinco casos de suicidio durante 2024
La memoria del Imelga de 2024 ya indica que las subdirecciones de Santiago y A Coruña soportan la mayor carga de trabajo en áreas como la valoración psicosocial, con 667 solicitudes en el caso del área compostelana que, pese a esta cifra, resolvió el retraso coyuntural acumulado en los últimos años.En la subdirección de Santiago se integran diez partidos judiciales: Santiago; Muros; Ribeira; Noia; Ordes; Arzúa; Lalín; A Estrada; Negreira y Padrón. Durante el año pasado, en la categoría de valoraciones referidas a violencia sobre la mujer, la georreferenciación de las solicitudes indican que el grueso se concentra en el partido judicial compostelano, con 18 peticiones, seguido por el de Ribeira, con 4, y el de Muros, con 2, las mismas que se tramitaron desde el partido judicial de Ordes. Así, tanto Lalín y A Estrada remitieron al Imelga una solicitud cada una, al igual que Noia, Arzúa y Padrón, mientras que no hubo ninguna desde Negreira. A nivel gallego, el mayor volumen de casos denunciados de violencia sexista se concentra en el partido judicial de A Coruña, con 81 casos, y si queremos atender al predominio por rangos de edad, se impone el de 41 a 50 años, con 284.Las cifras en las comarcas varían, levemente, si al georreferenciar los casos de violencia de género se atiende al partido judicial de origen (en lugar de en dónde se tramitó la solicitud pericial). Así, los dos casos de la zona se concentran en el partido judicial de A Estrada. Santiago, bajo esta clasificación, sube sus solicitudes a 47 y Ribeira a 18, mientras que el origen de estas agresiones marca un asunto tanto en Muros como en Noia, Arzúa y Negreira.El Servizo de Patoloxía Forense, por su parte, es el encargado de la investigación médico-legal en los casos de muerte violenta o sospechosa de criminalidad. A nivel gallego, este equipo investigó 2.008 decesos, de los que 1.006 fueron de carácter violento y los 1.002 restantes, naturales. La memoria del Imelga indica que fueron practicadas 1.364 autopsias, 612 reconocimientos de cadáveres y que además intervino en 25 casos de donación de órganos, amén de 5 análisis de antropología forense sobre restos óseos.De esas 1.006 muertes violentas, las tres causas más comunes son por accidente de tráfico (143), por ahorcamiento (149) o por asfixia mecánica (70). Otra clasificación indica que de las 1.006 totales, 621 fueron accidentales, 300 suicidas y 17 homicidas.En un análisis por subdirecciones, en el caso de la de Santiago las muertes por accidente de tráfico que precisaron la intervención del Imelga fueron 2 casos en Lalín y ninguno en A Estrada. Hubo también 2 en Ribeira, Negreira y Arzúa. Santiago lidera la lista, con 18 solicitudes, seguida por las 6 de Ordes y las 4 de Muros. No hubo ningún trámite desde el partido judicial de Padrón.Por último, los servicios forenses fueron precisos en 3 casos de suicidio dentro del partido judicial de Lalín y 2 en A Estrada (la misma cifra estradense se da en Negreira y Noia). Muros realizó 3 peticiones en otros tantos casos, Ribeira, Arzúa y Padrón, 4; Noia 2 y Santiago, 19.
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