Exigen a Pichel 140.000 euros por el IAE de un parque eólico

Los gobiernos de Cerdedo-Cotobade y A Lama advierten a Pichel que podría incurrir en un delito por no repartir estos fondos desde 2019

David Carrera y Jorge Cubela, ayer, en su comparecencia.

David Carrera y Jorge Cubela, ayer, en su comparecencia.

REDACCIÓN

Cerdedo-Cotobade

Los alcaldes de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, y de A Lama, David Carrera, comparecieron ayer en sede consistorial de Cerdedo para informar de que están pendientes de resolución de un recurso contencioso por una demanda presentada contra el Concello de Forcarei al que reclaman casi 140.000 euros, más intereses de demora, procedentes del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) abonadas por la empresa Olivento, S.L. derivado de la instalación del Parque Eólico Monte do Seixo «y que se adueñó Forcarei contraviniendo los acuerdos firmados de reparto de los fondos, establecidos en función de la ocupación territorial del proyecto industrial eólico»

Así, en 2018, una vez recibido un total de 34.057,94 euros procedentes del pago del impuesto de Olivento, el Concello de Forcarei acordó lo reparto del IAE del eólico de la siguiente manera en función de los criterios de distribución acordados: 11.467,31 para Cerdedo-Cotobade (33,67%) y 3.995 euros (11,73%) para A Lama.

Con el cambio en el grupo de gobierno, en el año 2019, se dejaron de hacer esas liquidaciones a pesar de los reiterados requerimientos llevados a cabo por lo que estos dos ayuntamientos se vieron en la tesitura de presentar el pasado 13 de diciembre de 2024 un recurso contencioso para forzar Forcarei a incoar la liquidación de las cuotas correspondientes a los ayuntamientos de Cerdedo-Cotobade y A Lama.

Cubela y Carrera acusaron a la regidora de Forcarei, Verónica Pichel, de actuar de mala fe y de ser esta una muestra más de su ineficacia como alcaldesa. «Con esta actuación se está apropiando de impuestos y fondos que corresponden a los vecinos de los ayuntamientos de A Lama y de Cerdedo-Cotobade negándose a practicar las liquidacions que le corresponden y al reparto de los fondos procedentes del IAE, en una actuación que bien había podido ser calificada de delictiva y que por supuesto constituye una deslealtad institucional», manifestó Cubela durante la comparecencia.

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