Contas cuestiona la política de contratación del gobierno de Luis Taboada

Indica que la mayoría del gasto en servicios y suministros se gestiona por contrato menor | El gobierno garantiza medidas correctoras

El alcalde escucha al edil Julio López en un pleno.

El alcalde escucha al edil Julio López en un pleno. / | Bernabé

Alfonso Loño

Alfonso Loño

Vila de Cruces

La gestión del Concello de Vila de Cruces fue analizada por el Consello de Contas a raíz de una comunicación particular. El organismo cuestiona seriamente la política de contratación del ejecutivo de Luis Taboada, al que reprocha que la mayor parte de las contrataciones para servicios y suministros las realiza mediante la figura del contrato menor y con escasa planificación del gasto público.

Como acontece en otros ayuntamientos, el Consello de Contas advierte que servicios de prestación permanente deben salir a licitación y no improvisar contratos sucesivos y en este caso cita algunos como los seguros, trabajos de mantenimiento en centros educativos, recogida y tratamiento de residuos, desbroces de caminos, teleasistencia, telefonía, energía eléctrica o compra de gasóleo.

En un completo informe desglosa hasta un total de 169 expedientes de reparos suspensivos [en total son 179 y la mayoría a instancias de la Alcaldía] con un montante económico que rebasa los 7,3 millones, entre los años 2002 y 2022. Cita asimismo advertencias del departamento de Intervención sobre un abuso en la figura del contrato menor, en muchos casos sin propuesta de gasto previo. Menciona un caso concreto, la asistencia técnica de urbanismo, donde Contas advierte que el Concello podría acabar asumiendo una contratación indefinida fruto de una relación de dependencia y habitualidad. La interventora, expone asimismo este organismo, considera suficiente el personal municipal para este departamento y el de contratación a pesar de que existe una plaza de apoyo en la RPT que está sin ocupar. La funcionaria señala al gobierno local por tumbar de forma sistemática reparos suspensivos, no incluir en los presupuestos la previsión de contratación del ejercicio, no tramitar los expedientes de contratación con tiempo o que en los acuerdos para servicios y suministros no siempre se piden ofertas a tres empresas.

El gobierno, en su alegato, se compromete a elaborar un Plan de Contratación.

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