El BNG afirma que el contrato del SAF es «un pelotazo» para la adjudicataria

El BNG de Lalín solicita la convocatoria urgente de la mesa de seguimiento del SAF para «solucionar y poner fin de una vez al abuso y explotación laboral» de las vecinas que prestan este servicio y «al consecuente daño para las personas usuarias del mismo». Lamenta que no se haya aprovechado la licitación en marcha de un nuevo contrato para incorporar las demandas laborales al pliego por el que deberá regirse la adjudicataria.

El expediente de contratación del Servizo de Axuda no Fogar fue aprobado por el pleno municipal el viernes pasado con los votos del PP y las abstenciones de Compromiso por Lalín y PSOE. «Va a suponer un auténtico pelotazo para la empresa, en contraposición con la carencia absoluta de mejor cobertura por parte de las mujeres que trabajan en el mismo y también de las personas demandantes», vaticina el portavoz nacionalista, Francisco Vilariño. Sostiene que la concesionaria del servicio «se va a hacer de oro y las consecuencias de este nefasto pliego las va a pagar el lomo de las auxiliares, que sufren una enorme precariedad, y las personas usuarias».

El proceso de licitación está basado, dice, «en la total falta de diálogo sincero» con los representantes del personal respecto a sus «legítimas y justas demandas». En cambio, «prima en exclusiva las mejoras del pliego en el aspecto empresarial», subraya. Las apelaciones a un consenso en los meses previos cayeron en saco roto, pues «engañaron a las trabajadoras remitiéndolas a un supuesto acuerdo que después saltó por los aires sin ningún tipo de explicación y con total oscurantismo», añade.

Para el Bloque es fundamental, tal como ya pidió en el pleno, incluir en los pliegos condiciones que garanticen el buen funcionamiento del servicio para los próximos cuatro años. Algunas cuestiones no requieren aumento de gasto, sino «voluntad política», y en otras el incremento es «ridículo» para la cuantía del contrato: 2,2 millones de euros al año con un valor estimado de 9,33 millones y la posibilidad de modificación de hasta un 10% del precio anual.

Una de las mejoras es el cambio de horario de comienzo, a fin de facilitar «una mínima conciliación a las trabajadoras». La jornada estipulada, de 8:30 a 21:30 horas, es «una clara ilegalidad, por no contemplar las doce horas de descanso obligatorias». También supera las 37,5 horas semanales, al constar la jornada de 8 horas en festivos y domingos. «Incumple clarísimamente el Estatuto de las Trabajadoras», insiste.

En el caso del kilometraje, existe un «desprecio absoluto», pues la tabla salarial fija un mínimo de 0,24 euros por los 0,23 del pliego. En concellos como Silleda o Vila de Cruces, el kilómetro se paga a 0,26 euros, compensación idéntica a la establecida en Lalín para el personal municipal. La reorganización del servicio por proximidad es otra de las peticiones, una zonificación que beneficiaría a las trabajadoras «pero también a la propia empresa en términos de eficiencia».

El BNG critica «el retraso» en la asignación de nuevos usuarios, que «acumulan mucho tiempo de espera incomprensiblemente». A veces los demandantes fallecen antes de recibir el servicio y otros llegaron a recurrir a la Valedora do Pobo tras más de dos años sin obtener respuesta del Concello. Una de las medidas fundamentales para «evitar situaciones dramáticas» pasa por aumentar la jornada laboral al 100% de las trabajadoras.