La «piqueta» de la Xunta intensifica su labor en 2024 y derriba siete edificaciones ilegales

Siete edificaciones o instalaciones ilegales fueron demolidas o retiradas el año pasado en Deza y Tabeirós-Montes por la Axencia Galega de Protección da Legalidade Urbanística (APLU). La ilegalidad de todas estas construcciones, que van desde alpendres a viviendas, obedece a que fueron levantadas o colocadas sobre suelo rústico.

El 2024 fue el ejercicio de mayor actividad de la piqueta autonómica en las comarcas desde que hay datos. También es la primera vez que actúa en territorio de Lalín, de modo que Forcarei y Dozón son ahora los únicos libres de sus demoliciones. Silleda fue el territorio con más acción en 2024, con cuatro intervenciones; las otras dos se efectuaron en A Estrada y Vila de Cruces. La APLU no detalla la ubicación, ni siquiera la parroquia.

La primera demolición realizada el año pasado por el organismo dependiente de la Xunta tuvo lugar el 10 de enero en el municipio de Silleda. Se trata de la retirada de una piscina desmontable y una solera que habían sido levantadas en suelo rústico de protección agropecuaria, forestal y de infraestructuras.

Sin salir de Trasdeza, el 11 de marzo se produjo la segunda actuación. Consistió en la eliminación de una caseta con funciones de almacén ubicada también en suelo rústico de protección agropecuaria y de infraestructuras.

En la misma jornada, la APLU ejecutó otra demolición, esta vez en Vila de Cruces. Según los datos que constan en el informe, era una vivienda unifamiliar que había sido construída en suelo rústico; en apariencia, ya contaba con la estructura exterior y el tejado terminados.

Aun en la primera mitad del año, el 12 de junio se produjo una intervención en una finca de suelo rústico en A Estrada. Fueron demolidas tanto una edificación de carácter residencial como una construcción auxiliar situada en sus inmediaciones.

También en junio, el día 25, la agencia autonómica procedió a la retirada de una construcción auxiliar en Trasdeza. El motivo, como en los anteriores casos: haber sido instalada en suelo rústico. Es la única actuación en período estival.

Las dos siguientes se llevaron a cabo en octubre, ambas el día 3. Una de ellas volvió a afectar al municipio de Silleda y consistió en la demolición de dos anexos a otra edificación levantados en suelo rústico.

Esa misma jornada se registra la primera demolición de la APLU en Lalín, al menos desde 2013, que es el ejercicio más antiguo del que hay datos disponibles para consulta pública. La intervención terminó con el derribo de una construcción de vivienda y caseta metálica, igualmente, en suelo rústico.

Como queda dicho, 2024, con siete expedientes tramitados, fue el año con más demoliciones de la APLU en Deza y Tabeirós-Montes. En 2023 se habían registrado cuatro intervenciones: una construcción de uso residencial de planta baja y una estructura para edificación en suelo rústico en A Estrada; una casa prefabricada en Silleda; y dos contenedores de obra en una pista de Cerdedo. En 2022 y 2021 habían sido seis y cuatro, respectivamente, las actuaciones del organismo dependiente de la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas. En 2020, año del COVID, no se registran acciones y en 2019 fueron seis.

A Estrada es el concello más castigado por la piqueta de la Xunta: once demoliciones desde 2016. Le sigue Vila de Cruces, con diez en siete años; Silleda registra seis; Cerdedo-Cotobade, cuatro; Agolada y Rodeiro, dos; y Lalín, uno. Forcarei –sin actuaciones, igual que Dozón– es el único concello de las comarcas que cuenta con convenio de adhesión a la APLU, a tenor de la web de la agencia. Esta asume las competencias de inspección, sanción y restablecimiento de la legalidad urbanística, además de facilitar asesoramiento y asistencia técnica y jurídica. Asimismo, los concellos reciben el 10% del importe de las multas coercitivas y de las sanciones recaudadas en su término municipal.