Crespo: «No es un problema del padrón municipal, sino de seguridad ciudadana»

El alcalde sostiene que el Concello «actúa con rigurosidad» y descarga toda la responsabilidad en la Subdelegación del Gobierno | «Si alguien falsifica papeles quien lo tiene que investigar es la Guardia Civil y la Policía Nacional»

Crespo saluda a Losada antes de la junta de seguridad del 5 de septiembre de 2024.

Crespo saluda a Losada antes de la junta de seguridad del 5 de septiembre de 2024. / Bernabé/Javier Lalín

Xan Salgueiro

Xan Salgueiro

Lalín

El alcalde de Lalín, José Crespo, califica de «esperpéntica» la actuación del subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, al valorar la investigación en curso sobre empadronamientos irregulares que ya ha dado lugar a la detención de tres argelinos afincados en el municipio. «En mis 31 años de alcalde nunca me pasó una cosa así con ningún subdelegado de todos los colores», afirma. «No sé cuál es la estrategia que pretende. Pero si lo que intenta desviar es un problema de alguna mafia que puede funcionar en Lalín, solo ellos tienen la capacidad de desmantelarla», sostiene. «No es un problema de censo –añade–, es de seguridad ciudadana. Parece que no lo quieren ver, por mucho que digan que la ratio de delito por habitante es menor que la media. Entiendo que esperar a que tengamos más delitos que la media para poder actuar no es una opción».

En todo caso,Crespo «lamenta» las declaraciones del subdelegado, «porque lo que tiene que hacer es tomar las medidas oportunas». En este sentido, «se le dijo por parte del Concello de Lalín y por mi personalmente de los datos que tenemos de las distintas mafias que actúan, y son mafias que no las va a dar desmantelado nunca el Concello ni la Policía Local», manifiesta el regidor, que insiste en su reproche: «Esa mafia que ahora se vanaglorian tanto de encontrar, la verdad es que tenían que haberla encontrado mucho antes».

«Quien tiene todos los datos de extranjería son ellos, todos los datos que pueda haber solo los puede tener la Policía Nacional y la Guardia Civil», reitera el mandatario municipal, al tiempo que matiza: «Por cierto, nada que decir de esos cuerpos». Es más, indica que él mismo estuvo hablando hace tiempo con el comisario de Pontevedra, que le consta que «estuvieron actuando y la verdad es que se ve el resultado final».

El alcalde niega responsabilidad alguna en este asunto, cuyo detonante fue un empadronamiento «anormalmente alto» de ciudadanos argelinos. «Es un problema de la Subdelegación del Gobierno y se lo quiere pasar al Concello de Lalín, como si fuera un problema de administración del padrón. ¡Hay que tener narices!». Demanda más actuación policial: «Si hay alguien que falsifica algo, quien tiene la obligación de demostrarlo y de actuar es la Policía Judicial, y es lo que echo de menos». Pero, sobre todo, carga contra Abel Losada: «Lo que me extraña es que un subdelegado tenga ese tipo de actitud y que parezca un empleado del PSOE más que un subdelegado del Gobierno de la provincia de Pontevedra. Realmente, es alucinante».

Respecto a las irregularidades en el padrón de Lalín, Crespo niega la mayor y vuelve a ceñirlo todo a un problema de seguridad ciudadana y, por tanto, de competencia estatal. Insiste en que «hace tiempo» que le aportaron a la Subdelegación los datos que tenían sobre estas mafias, «que básicamente, son una o dos». «Obviamente, quien tiene el poder de investigalo y de detenerlos son ellos, que es lo que ha ocurrido con esto», arguye.

El padrón es una competencia municipal, es el alcalde quien firma los empadronamientos, por lo tanto, si se le escapa gente empadronada en domicilios que nunca estuvieron allí... «Eso no es cierto, el alcalde firma los empadronamientos que están cumpliendo la normativa», responde Crespo, que tira de perogrullo: «Si tú falsificas los datos, quien falsifica los datos eres tú. Nosotros cumplimos a rajatabla lo que tiene que hacer el Concello, el secretario es quien cumple, yo doy un visto bueno».

También se le recordó que la trama habría intentando sin éxito empadronamientos en Silleda o Rodeiro. «Eso no lo sé. Aquí, a los que se empadronan en Lalín se les requiere todo lo que hay que requerirle por el secretario general del Concello de Lalín», contestó, para añadir: «Si hay alguien que falsifica papeles con nombres y apellidos quien lo tiene que investigar es la Guardia Civil y la Policía Nacional». Crespo declara que cumplen «a rajatabla» la normativa estatal e incide en que «es un problema de mafias, que están localizadas, o las debían tener localizadas», por lo que «simplemente tienen que desmontarlas». Así que conmina a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado a «tirar del hilo y ver lo que hay».

«A ver qué es lo que está haciendo de malo el Concello», se pregunta Crespo, que acusa a Losada de «querer poner la pelota en nuestro tejado». «Los que hacen esas falsificaciones –repite– son gente de mafias, y esas mafias solo las da desmontado la Guardia Civil, la Policía Local colabora, pero no tiene documentación para eso, no puede ni entrar en las bases de datos, no tenemos acceso».

Pero sí puede comprobar quién vive en un domicilio, si un vecino comunica al Concello que en su casa están empadronadas personas que nunca vivieron allí, por ejemplo. «Claro que lo puede comprobar, pero, ya lo dijo el secretario, siempre y cuando haya un motivo, porque muchas cosas que se dijeron no son ciertas», proclama el regidor. Reitera que pasan los datos a la Guardia Civil y a la Policía Nacional. «Los mafiosos son los que de alguna manera traen datos falsificados de algunos que quieren empadronarse, pero el Concello está actuando con rigurosidad», sentencia.

Dan de baja a cerca de cien extranjeros y revisan otra docena de inclusiones indebidas

El gobierno lalinense dio de baja en el padrón municipal a cerca de un centenar de extranjeros al cierre de 2024. En concreto, una resolución de la Alcaldía del 30 de diciembre pasado declaraba la caducidad del registro en el censo de 89 personas de distintas nacionalidades, al ser no comunitarias y no disponer de permiso de residencia permanente. En su práctica totalidad son ciudadanos oriundos de países africanos o de Latinoamérica. Además, se decretó el inicio de un procedimiento de baja por «inclusión indebida» en el padrón contra otra docena de personas, a las que se concede quince días para poder presentar alegaciones.La normativa vigente establece la renovación periódica cada dos años de la inscripción en los padrones municipales de extranjeros sin autorización de residencia de larga duración no pertenecientes a un estado de la UE o parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo o a otros que, en virtud de un convenio internacional, se extienda el régimen jurídico previsto para los ciudadanos de estos estados. Transcurridos los dos años, será causa para que la administración pueda decidir la caducidad de las inscripciones siempre que la persona interesada no procediese a realizar la citada renovación. En este caso, la caducidad podrá declararse sin necesidad de audiencia previa del interesado. En todo caso, la baja en el padrón, firmada por el alcalde y el secretario municipal, sí debe ser notificada a los afectados.

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