Educación garantiza las nóminas al profesorado del Scientia

La consellería contactará con la administración concursal «para conocer la situación y evaluar los pasos a seguir» | Manifiesta que el colegio no informó sobre este proceso

Niños y padres el primer día del presente curso escolar.

Niños y padres el primer día del presente curso escolar. / | Bernabé/Javier Lalín

La presentación por parte del colegio Scientia Lalín del concurso voluntario de acreedores pilló por sorpresa a la Consellería de Educación que, según el propio departamento dirigido por Román Rodríguez, no tenía «ninguna información por parte del centro de esta situación». El funcionamiento del colegio depende directamente del concierto con la administración autonómica que, al menos asume los salarios del profesorado que entra en el acuerdo, aunque a día de hoy no es posible identificar qué parte de la plantilla de docentes forma parte del mismo. El centro tiene unos 230 alumnos.

La consellería, consultada por la delicada situación económica de la empresa, que motivó su concurso, afirma que mantendrá el pago de las nóminas al profesorado «y los gastos de funcionamiento como en todos los centros de este régimen, lo que garantiza que los docentes sigan cobrando en tiempo y forma». Más allá de esta cuestión, Educación avanzaba ayer que los servicios de inspección recabarán información con el propio centro y, a mayores, se pondrá en contacto «con la administración concursal para conocer la situación y evaluar los pasos a seguir».

Por el momento, en relación al procedimiento presentado en un juzgado de lo mercantil de Madrid, solo ha trascendido que existe una propuesta de nombramiento como administrador concursal al letrado y economista coruñés Ramón Juega Cuesta. Consultado sobre el edicto del juzgado, advierte que por el momento no ha decido si aceptará esta responsabilidad y que en todo caso, por cuestiones obvias, no ha tenido tiempo suficiente para estudiar la documentación. Una vez se cierre esta cuestión, el juzgado otorga un período de un mes a los acreedores de la propiedad del centro, Scientia School, para hacer efectiva la comunicación de los créditos. No obstante, el tiempo empezará a contar desde la publicación del acuerdo del juzgado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La propiedad del colegio lalinense forma parte de un grupo empresarial con actividad en el ámbito educativo y otras como las inmobiliarias, consultoría o Atlas Holdings Europe, dedicada a la explotación de centros de belleza. En el portal web de Grupo Scientia School es posible acceder a un informe de gestión, al cierre del año 2023. En el mismo refiere que el inmueble del antiguo centro Sagrado Corazón fue adquirido mediante subrogación hipotecaria por un importe de 1.257.000 euros. Posteriormente la sociedad dominante canceló un préstamo de 600.000 euros mediante un pago en efectivo de la mitad de esta cuantía, mientras que los otros 300.000 euros se financiaron mediante un préstamo hipotecario, con prenda sobre el edificio, con una entidad bancaria. Ya en mayo de 2021 la sociedad dominante concedió dicho préstamo hipotecario por 1 millón de euros como parte «del plan de crecimiento de dicho inmueble», cuyo importe pendiente de pago a 31 de diciembre de 2022 ascendía a 1.148.000 euros por el total de ambos créditos. Y concreta que el valor de tasación obtenido por el método de descuento de flujos de caja para este inmueble, a finales de noviembre de 2020, ascendía a efectos hipotecarios a 2.626.000 euros.

Aportaciones de la Xunta

Por otro lado, el informe menciona los pagos recibidos por las administraciones en las que la empresa dispone de centros educativos. Así las cosas, la gallega aportó para el concierto con el Scientia Lalín un total de 1.445.000 euros en el año 2023 y en el anterior fueron 1.410.000 euros.

El gobierno vasco retiró la financación a un centro de Bilbao

El colegio Scientia Bilbao San Pedro Ikastetexea cerraba sus puertas a finales del año pasado después de que el gobierno vasco le retirase el concierto educativo por irregularidades cometidas de manera continuada a la hora de cumplir con los requisitos establecidos. La administración autonómica se vio obligada a recolocar a los 218 alumnos, que tenían previsto comenzar las clases depués de las vacaciones navideñas, pero el problema estaba en el futuro que le deparaba a los trabajadores. Según informó la Cadena Ser, la empresa vendió el edificio a otra inmobiliaria tras acumular meses de impagos de alquiler y la nueva propietaria inició un proceso de desahucio judicial contra el colegio.

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