El reto de evitar que tu casa se convierta en una cárcel

Encontrar una vivienda adaptada puede ser una labor frustrante, ya que las infraestructuras no suelen están preparadas. El lalinense con movilidad reducida, Manuel Gómez Jácome, intenta no quedarse en la calle tras saber que el jueves lo desahucian de su casa en la calle Monte Faro y no haber conseguido aún un nuevo hogar.

Manuel Gómez Jácome en el salón de su casa de la calle Monte Faro de Lalín. |  Bernabé

Manuel Gómez Jácome en el salón de su casa de la calle Monte Faro de Lalín. | Bernabé

Que cualquier persona, sea cual sea su condición física, pueda acceder a su vivienda de manera cómoda y preferiblemente autónoma. Este es uno de los retos que la sociedad actual ha asumido en los últimos años en el ámbito de la vivienda y la accesibilidad. Lalín no es un concello ajeno a esta problemática. Si no que se lo pregunten a Manuel Gómez Jácome, un vecino de 68 años de edad con un hijo de 17 a su cargo y movilidad reducida, que el próximo jueves, verá como los desahucian a ambos mediante un requerimiento judicial del piso que comparten en la calle Monte Faro de la capital dezana. Gómez se muestra desesperado después de no haber podido dar con un piso antes de que la autoridad judicial lo conmine a dejar su hogar.

Manuel Gómez es un lalinense que, después de haber estado una temporada en Salamanca, vive desde el 2014 en su tierra natal y cuatro años en el piso del que lo desalojan esta semana. «El 1 de diciembre se cumplen cuatro años desde que estamos en este piso» recuerda mientras repasa la ingente documentación que sobre su desahucio tiene en su poder desde que el Juzgado le hiciera llegar el requerimiento para que abandone el piso. «Me llegó la orden de desahucio directamente del Juzgado porque aviso del dueño no lo había ni recibido. Si lo enviaron, no estaba en casa», explica extrañado de que el propietario del inmueble no le hiciera llegar por escrito la petición de expulsión de un piso que Manuel Gómez había adaptado a sus condiciones de movilidad reducida por carecer de piernas.

Y es que encontrar algo en la capital dezana que pueda valer para poder llevar una vida digna se está convirtiendo en una misión imposible para este jubilado y su hijo adolescente que acaba de iniciar una serie de cursos de promoción laboral. «Me tengo que ir a la puñetera calle porque no hay manera de conseguir nada. Los que hay tienen alquileres que no me los puedo permitir y viviendas que no están adaptadas a los que, como en mi caso, tenemos movilidad reducida», insiste en señalar. Gómez detalla, además, que no ha podido hacerse con un alquiler adaptado a sus necesidades desde que supo que tenía que abandonar la calle Monte Faro: «Ni piso, ni habitación y adaptado, imposible. Incluso he tratado de buscar un trastero para poder guardar las cosas y ni eso fui capaz de encontrar», dice.

En cuanto al origen de su discapacidad, Manuel Gómez recuerda que «tengo una minusvalía reconocida del 78 por ciento. Lo mío fue por falta de circulación sanguínea en las piernas. Primero me amputaron una pierna y después la otra, que fue en el 2021». Se le pude ver por las calles de Lalín en una silla de ruedas motorizada desplazándose no sin dificultad. Y es que todavía quedan zonas del municipio que no han sido adaptadas para personas como él, tal y como se lamenta mientras contempla bordillos de aceras infranqueables o portales a los que no pude acceder de forma directa.

Residencia

El caso de Manuel Gómez ha llegado a la casa consistorial, tal y como relata el propio Gómez Jácome. «En los Servizos Sociales del Concello de Lalín me dijeron que ellos no disponen de soluciones habitacionales y que no tienen nada que hacer. La única opción que me dan es la de una residencia pero con lo que yo cobro no me llega para pagar ninguna residencia. Y yo tengo que mantener a mi hijo. ¿Me voy yo solo para una residencia y que ellos pongan el resto de lo que falta para poder cubrir? ¿Y a mi hijo quién le da de comer?», asegura un hombre que no oculta su desesperación cuando de reiniciar su vida en otra casa se refiere. Este vecino de Lalín reconoce que «en este momento no sé qué voy a hacer de mi vida y de la de mi hijo. Por más que me vuelvo loco pensando en una solución no soy capaz de arreglarlo y todo indica que tengo que quedarme en la calle».

Y en cuanto al litigio que mantiene con su casero y que derivó en el futuro desahucio, Gómez explica que «el dueño del piso de Monte Faro denunció que yo le debo dos mensualidades, las de abril de 2023 y la de marzo de 2024. Tengo los extractos bancarios desde el 2020 para acá y ahí figuran las transferencias hechas al propietario. Yo a ese señor no le debo nada. Desde que vivo en ese piso le hice transferencias automáticas que son muy fáciles de comprobar», asegura. Y aclara, además, que «como yo tuve que ingresar en el hospital cuando todo esto empezó no pude presentar a tiempo la documentación para poder recurrir el desahucio. Tengo también los informes médicos que lo pueden acreditar y que no me los aceptaron». El afectado por el desalojo mantiene, por último, la teoría sobre el dueño de su vivienda de que «me acusa de impagos porque quiere el piso posiblemente para alquilarlo en el Airbnb o incluso para subir el precio a nuevos inquilinos. Él presenta lo de los dos hijos que tiene como que necesita la vivienda para ellos. La hija tiene 18 años y ha empezado este año a estudiar Medicina en Santiago, o sea que el piso para ella en Lalín no tiene sentido ninguno. Y el hijo tiene 14 años y estudia en el IES Ramón Aller Ulloa haciendo la Secundaria y tampoco tiene sentido que necesite el piso porque ¿se va a independizar con esa edad?».

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