A Estrada emite de forma conjunta más de 10.000 requerimientos de limpieza de fincas

Después de meses de inspección por parte del Servizo Agrario Galego (Seaga), en el marco del convenio de colaboración de este ente con el Concello de A Estrada, la emisión de los requerimientos de limpieza de fincas situadas en las fajas de protección de núcleos rurales ya está en marcha. El ayuntamiento envía de forma conjunta más de 10.000 requerimientos. Todos ellos se fundamentan en el trabajo realizado por los técnicos del servicio, recibiendo los propietarios un informe detallado de cuándo se efectuó la revisión de su parcela y una valoración de los trabajos a los que están obligados en materia de gestión de biomasa y de retirada de especies arbóreas prohibidas, en atención y cumplimiento de la normativa de prevención y defensa contra los incendios forestales en el ámbito de la comunidad gallega.

El objetivo es que todas las parcelas situadas en las fajas de 50 metros alrededor de los núcleos rurales –el municipio estradense tiene nada menos que 473– lleguen al mes de mayo en perfecto estado de revista. No es un mes escogido al azar, sino que responde a lo que establece la propia Lei 3/2007, que exige que la gestión de la biomasa en estas fajas de protección ha de estar completada cada año antes de que finalice mayo. Además, en el caso de que persistan los incumplimientos, esta obligación se anticipa para los años siguientes, debiendo quedar concluidas las labores antes del primer día de abril.

“Esto es invertir en prevención”, defendió el alcalde, Gonzalo Louzao. “Tenemos las herramientas y hay que aplicarlas”, continuó, en alusión al propio convenio con el Seaga, en cuyo marco el ayuntamiento pudo realizar una labor inspectora que, contando con sus propios medios, resultaría del todo inviable. El mandatario fue más allá y consideró que esta es, además, “una inversión en el rural”. Puso el acento en que el estado de abandono de muchas parcelas responde a un “cambio social importante”, ligado a que muchas fincas perdieron el valor productivo que tenían antes. “Todas estas parcelas están al lado de casas y, aun no usándose, pueden causar un perjuicio”, opinó el mandatario, en clara referencia al riesgo de incendio. Remarcó en esta línea que mantener las fajas de protección en las condiciones debidas es “un cinturón de seguridad para los núcleos”.

Los requerimientos confeccionados tomando como base la actuación del Seaga incorporan la superficie de cada una de las parcelas –todas debidamente identificadas en cuanto a situación, referencia catastral y persona responsable– la superficie afectada por la ejecución y la liquidación provisional de los trabajos que han de realizarse, una horquilla tan amplia como lo es la extensión de las diferentes parcelas afectadas por estos requerimientos.

Sanciones

Así las cosas, el documento establece una cantidad estimada de actuación por hectárea en la que ha de gestionarse la biomasa, cifrada en 3.545,82 euros. Se advierte también a los ciudadanos de que, en el caso de persistencia en el incumplimiento de las obligaciones que ahora se le recuerdan vía requerimiento y transcurrido el plazo, se podrán imponer multas coercitivas reiteradas cada tres meses, cuya cuantía será de 900 euros por hectárea de superficie de parcela no gestionada, o la parte proporcional se el área fuese inferior, mientras se mantenga el incumplimiento. La otra posibilidad es que, si el particular no atiende a la petición de limpieza que se le exige, estas labores sean realizadas de forma subsidiaria, repercutiendo la administración los gastos correspondientes a la persona propietaria. En todo caso, a cuantía mínima de multa coercitiva será de 100 euros, con independencia de las hectáreas que integren la superficie de la parcela no gestionada.

Además, en la comunicación que el Concello de A Estrada remite a los titulares de todas estas parcelas se establece también que los propietarios tendrán la obligación legal de facilitar el acceso necesario para la realización de los trabajos de limpieza y retirada de especies arbóreas prohibidas cuando se efectúe una intervención subsidiaria. Esta podría llegar, transcurrido el plazo máximo concedido, en cualquier momento, dentro de los cuatro años posteriores, siempre y cuando se mantenga el incumplimiento.