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La familia estradense a la que la Xunta quiere derribar la casa inicia una recogida de firmas

Lucía Gómez y Lolo Rey pondrán a disposición formularios en negocios locales para buscar respaldo social ante la Xunta

El matrimonio cuenta con cuatro hijos menores de edad

Lolo Rey deposita formularios en Electromésticos Rey.

Lolo Rey deposita formularios en Electromésticos Rey. / BERNABÉ/ JAVIER LALÍN

A Estrada

El matrimonio estradense al que la Axencia de Protección a Legalidade Urbanística (APLU) de la Xunta de Galicia notificó el inminente derribo de su vivienda en Santa Cristina de Vea pone en marcha una iniciativa para recoger firmas en negocios del comercio y la hostelería local, de forma que el respaldo social pueda resulta disuasorio ante el órgano de gobierno autonómico.

Todavía no están decididos cuáles serán los establecimientos que contarán con los formularios para la suma de apoyos, aunque sí se puede confirmar que ya están disponibles en los dos locales de Electrodomésticos Rey. Así, los vecinos y vecinas interesados en aportar su firma podrán hacerlo aquí, mientras que no se hacen públicos el resto de comercios y bares.

“Decidimos probar suerte con este método porque nos lo sugirió mucha gente que escuchó nuestra historia y quería mostrar su apoyo pero no tenía cómo” explica Lucía Gómez Fariña, que junto a su marido, Manuel Jesús (Lolo) Rey Carbia lleva años luchando contra la orden de derribo de la Xunta de Galicia, que pone en riesgo el hogar en el que están criando a sus cuatro hijos.

Esta es una de las numerosas estrategias que el matrimonio ha intentado poner en marcha para frenar este proceso administrativo, que considera injusto ya que el terreno en el que se asienta el inmueble en peligro de derribo reúne los requisitos para ser edificable, aunque no era así cuando levantaron sus muros y a eso se aferra la APLU para seguir adelante, según expone Gómez Fariña.

Otra de las medidas que llegaron a tomar ella y su marido fue la de llevar su historia a los medios de comunicación, empezando por FARO el 23 de junio de este año. “Desde que salimos en prensa fueron muchos los que se interesaron por nuestro caso, y de ahí empezamos a pensar en cómo sacarle partido, lo que nos lleva a esta recogida de firmas con la que esperamos mostrarle a la Xunta el respaldo social a nuestra causa” recalca la estradense.

Desde inicios de verano hasta ahora, su familia no tuvo noticias de ninguna administración, ni del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, al que llevaron su situación en busca de un dictamen a favor que pusiese fin al sinvivir al que se enfrenta esta pareja afincada en Santa Cristina de Vea desde 2015, cuando la APLU abrió la investigación sobre el inmueble que habitan.

Con todo, Lucía Gómez Fariña comparte que sí hubo un acercamiento por parte de la Valedora do Pobo, que actualmente está realizando pesquisas para intentar ayudar a su familia: “Nos dijo que nuestro caso cuenta con bastantes elementos para defenderlo, entre ellos la desprotección a cuatro menores que se quedarían sin hogar cuando la APLU reconoce que se podría volver a construir la vivienda en el terreno en el que se encuentra”.

Como es de esperar, Gómez Fariña y Rey Carbia están haciendo todo lo que está en su mano para mantener el hogar que empezaron a construir en 2007 y al que vinculan la actividad empresarial de una granja ecológica desde 2012 en pie, por lo que piden colaboración a la ciudadanía a través de esta recogida de firmas.

Un proceso angustioso iniciado en 2015

Para comprender mejor el caso de este matrimonio hay que remontarse a 2007, cuando Lucía y Lolo comenzaron a construir su vivienda. Por aquel entonces gobernaba el PSOE en A Estrada y el Plan Xeral de Ordenanza Municipal (PXOM) no estaba aprobado.

Su finca reunía los requisitos para considerarse edificable pero no podían recibir la licencia. Así que llegaron a un acuerdo extraoficial con Alcaldía, en el que se le aseguraba que podían empezar a construir y que más tarde se incorporaría el terreno al nuevo PXOM.

En cambio, esto no sucedió y al aprobarse el nuevo documento en 2013, ya bajo el mandato del PP de José López Campos, su propiedad quedó fuera de los planes. Mientras, en 2010, la pareja comenzó un proyecto empresarial y sostenible con la creación de una granja y huerta ecológica, aunque no fue hasta 2012 que constituyeron la sociedad, todavía sigue activa, bajo el nombre de Granxa Eco Rebulidoiro.

En 2015 les llegó la notificación de que se iniciaría una investigación, que se zanjó en agosto de 2016 con la apertura de un expediente, tan solo un mes antes de que prescribiese el haber construido la casa sin licencia.

Un año más tarde, en 2017, recibieron la primera orden de derribo en base a la aplicación de la normativa 143/2016. De esta se salvaron, pero en 2022 se emitió una nueva orden, definitiva y sin período de alegaciones.

La pareja decidió entonces llevar el caso a la justicia y en noviembre de 2023 se celebró un juicio por el Contencioso Administrativo, en el que se dictaminaba que el terreno era edificable pero que al no poder demostrar la preexistencia de la granja, habría que derribar el inmuegle y volver a construirlo, ya con licencia.

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