Crespo reclamará a la Xunta la ampliación de las dos escuelas infantiles y descarta una municipal

La delicada situación que atraviesa el centro Scientia Lalín genera desde hace casi un mes un problema en la conciliación para un puñado de familias. Con la guardería del colegio a medio gas, algunos padres optaron por buscar plazas para sus menores en otros municipios, cuestión que, sumada a la lista de espera existente en los dos centros de la red Galiña Azul, frena la posibilidad de matriculaciones en la capital dezana.

En el pleno de ayer tanto Compromiso como el PSOE plantearon la necesidad de ampliar plazas de guarderías, cuestión que fue respondida de forma afirmativa por parte del gobierno municipal. El alcalde, José Crespo, aseguró que su equipo estuvo desde un primer momento colaborando con la Consellería de Política Social y con los padres en busca de una solución. Así, aunque inicialmente planteó a la Xunta la posibilidad de construir un tercer centro en una parcela municipal, la consellería es favorable a ampliar las dos escuelas infantiles que posee el consorcio en el municipio: la del polígono y la anexa al auditorio. El regidor descartó, a iniciativa de los socialistas, la construcción de un centro municipal pues, dijo, supondría asumir más competencias impropias todavía. Coincidió con el portavoz de Compromiso, Rafael Cuíña, en que en la actualidad existe nicho de mercado para la iniciativa privada y desveló el interés de alguna empresa por montar una guardería. “Tendrán todo el apoyo del Concello, porque la iniciativa privada por ejemplo oferta horarios más amplios”, apuntó.

Ariadna Fernández (BNG) recriminó a la Xunta que tratase de vender la gratuidad en las matrículas de las escuelas infantiles, cuando lo que acontece es que después la oferta supera la demanda, como acontece en Lalín. Exigió al gobierno gallego más control en los centros privados y aseguró, sin ir más lejos, que el Scientia recibió fondos públicos por 250.000 euros entre 2022 y 2024, además de otros 142.000 euros en diciembre del año pasado. La teniente de alcalde Paz Pérez avanzó que el consorcio habilitará 15 plazas más en la escuela del Pontiñas.

“La empresa me dice que tiene un problema puntual de liquidez y que van a arreglar las cosas, pero no me fío”, confesó el alcalde, quien habló de constantes tropiezos en la gestión del antiguo colegio Sagrado Corazón desde que sus fundadores dejaron su gestión. El retraso en las nóminas que sufren no solo empleados de la guardería sino otros del colegio se debería a los problemas de tesorería que tiene la empresa, a la que la Xunta no puede transferir recursos en ocasiones al arrastrar deudas con Hacienda.

Precisamente cuando se celebraba el pleno un grupo de padres presentó en las oficinas que la Xunta tiene en la calle Areal escritos dirigidos a las consellerías de Política Social, Educación y a la presidencia de la Xunta. En la misiva describen la situación de una guardería que demoró el inicio del curso varios días y que fruto de la escasez de personal el centro conserva 15 de los 41 niños matriculados, con un horario restringido de 8.00 a 15.00 horas, mientras que el habitual era de 8.00 a 20.00 horas.

Por otro lado, la Alcaldía presentó una propuesta de última hora relativa a una modificación de la catalogación urbanística de la parcela en la que se levantará el centro social de A Trigueiriza. Este es uno de los entornos en los que el Gobierno propondrá a la Xunta la creación de viviendas en régimen de alquiler social para paliar la falta de oferta.

Basura

El portavoz del PP, Avelino Souto, culpó al Gobierno de España de asumir con una propuesta de máximos la norma europea que establece la repercusión al ciudadano del coste del tratamiento de la basura. PSOE y BNG recordaron que es una normativa de obligado cumplimiento y cuestionaron la política de Sogama que prioriza la quema de residuos frente a reutilizar, reducir, reciclar.

Enfrentamiento por la gestión de las fiestas

El BNG aprovechó el pleno para abordar la polémica que capta la actualidad en el municipio en la última semana: las fiestas patronales. Su portavoz, Francisco Vilariño, insistió en que habían sido las peores de la historia estas primeras organizadas desde el Concello. Mantuvo que el gobierno, lejos de asumir una autocrítica, actuó con prepotencia y mintió a los ciudadanos. En primer lugar echó en falta más habilidad por parte del ejecutivo en la licitación de las barracas, máxime teniendo en cuenta que el año pasado ya estuvieron a punto de peligrar, forzando la alternativa de los hinchables “sin plan de seguridad”, monitores o los niños agolpados para subir. Aseguró que la mayor parte de los feriantes habían presentado la documentación la víspera del inicio de las fiestas, pero el gobierno, que no actuó con diligencia, acabó ofreciéndoles la ilegalidad de montar gratis. “No les importaba la seguridad, solo el dinero”, dijo. Alba Forno (PSOE) asumió la crítica de Vilariño y Cuíña, quien dijo haber tratado como alcalde con un gremio complicado, pidió una reformulación del modelo de festejos. Primero Souto y después Crespo aseguraron que los feriantes, en la segunda licitación [la primera quedó desierta] no llegaron a presentar ningún documento relativo a la seguridad de las atracciones y que cuando el viernes le ofreció instalarse gratis, estaba supeditado a que un técnico municipal revisase el cumplimiento de las medidas de seguridad, al tiempo que, recordó, reconocieron que habían ofrecido una cuantía económica, que no fueron capaces de reunir.

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