Los 13 refugiados ucranianos que acogió Lalín generaron un gasto de casi 42.000 euros

Lalín es uno de los siete municipios que escogió el Consello de Contas de Galicia para elaborar un Informe de fiscalización exprés de las medidas adoptadas por las entidades locales de Galicia para abordar la crisis humanitaria provocada por la invasión de Ucrania. El documento salió a la luz el pasado diciembre, aborda el período entre marzo de 2022 y marzo de 2023 y examina además las medidas de la Mancomunidad Voluntaria de Municipios de la Comarca de Ordes, la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) y las cuatro diputaciones.

Para poder hacer frente aesta acogida y posterior formación con vistas a que estos nuevos vecinos pudiesen desenvolverse a medio plazo de forma autónoma en un trabajo o en sus estudios, la Xunta convocó en enero de 2023 (casi un año después de estallar la guerra entre Ucrania y Rusia) una línea de ayudas. En el caso de Lalín, el concello recibió a 13 personas refugiadas, a las que tanto en una primera fase o “acogida de urgencia”, como indica el informe, como a medio plazo se adaptaron viviendas propiedad del Concello, en las que en algunos casos hubo que hacer reforma o incorporar mobiliario. Recordemos que también hubo vecinos que cedieron sus viviendas para esta causa solidaria. El gasto que generó la iniciativa se cifra en 41.993 euros, para los que consiguió una subvención de 30.453. El Consello de Contas indica que el coste de atención de cada persona refugiada al mes fue de 538 euros, de los que la ayuda mencionada cubrió 390. Si dividimos los 41.993 euros del programa por los 20.201 habitantes que tenía Lalín en 2023, resulta que el gasto del Programa de Acogida estatal por habitante de Lalín es de 2,08 euros.

Los ucranianos estrenarán 20 casas en Lalín, incluidas cuatro viviendas sociales en Manuel Rivero

Acogida temporal en el Centro Príncipe Felipe

En cuanto a las diputaciones, la de Pontevedra, al igual que la de Ourense y Lugo, tuvo un papel “poco relevante en importancia cuantitativa, por lo que su repercusión en el programa puede considerarse mínimo”, según indica el informe. En la documentación que envió la entidad provincial, el entonces gobierno bipartito reconoce que durante ese primer año de conflicto no acometió actuaciones al amparo del plan estatal, y que solo puso en marcha un programa de acogida temporal entre junio y julio de 2023 en el Centro Príncipe Felipe, y dentro de un convenio suscrito con la Association of ukrainian cities. El texto de ese convenio, según el informe, no pudo consultarse al no estar disponible en el apartado de transparencia de la web de la Diputación. En esta acogida temporal se atendió a 10 personas menores de edad y un adulto, en turnos de 30 días y con un coste diario de 84,67 euros por persona. Este precio incluye los viajes de ida y vuelta a Ucrania, los costes de viaje, el alojamiento y mantenimiento, la ayuda psicológica a través de talleres y actividades de ocio. Suman, en conjunto 55.880 euros.

"Si dividimos los 41.993 euros del programa por los 20.201 habitantes que tenía Lalín en 2023, resulta que el gasto del Programa de Acogida estatal por habitante de Lalín es irrisorio, de 2,08 euros"

Por su parte, la Diputación de Lugo firmó un convenio con Cruz Roja Española para destinar 28.000 euros (10.000 en efectivo y el resto en bienes materiales) para la asistencia de exiliados, mientras que la de Ourense envió un trailer con ropa aportada por voluntarios a una urbe de la Red Europea de Ciudades Termales, y se incluyó una partida en el programa de natalidad CHEGOU para los niños y niñas que naciesen en Ourense en condición de refugiados, porque sus familiares proceden de lugares de conflicto.

Bastante más nutrida fue la actuación de la Diputación de A Coruña, ya que dispone de un programa “completo y específico para la acogida de personas” que escapan de una guerra. Ocurre lo mismo en el Ayuntamiento de A Coruña, que dispone de una oficina propia para estos casos y un programa completo de atención inicial. En cuanto a la Fegamp, se limitó a activar un sitio web.

Un papel más activo

Cuando estalló el conflicto, la Xunta calculó que dispondría de 1.000 plazas de alojamiento, entre las 584 de centros propios, las 256 aportadas por los ayuntamientos y las 139 de entidades sociales. Sin embargo, en marzo de 2023 la comunidad ya acogía a 3.000 personas, de las 168.000 que residían en España. El programa estatal contemplaba tres fases: la de valoración inicial, que duraría un mes, la de acogida, de entre seis meses y un año, y la de autonomía, de otros seis meses, prorrogables por seis meses más. El informe, de cara a futuras situaciones similares, aconseja un papel más activo a los ayuntamientos, más allá de acogerse a ayudas, y pide a todas las administraciones que elaboren un programa completo y a medio plazo.

Suscríbete para seguir leyendo