Luis Calvo “estaba obsesionado” con Lácteos Farelo, según uno de sus ediles y el secretario

Queda visto para sentencia el juicio contra el alcalde de Agolada, Luis Calvo, por un delito de prevaricación y otro de falsedad documental al precintar las obras de ampliación de la depuradora de Lácteos Farelo en febrero de 2020. Ya antes, en noviembre de 2019, ordenó el paro de las obras. Mientras su defensa no ve que se hayan cumplido estos delitos, la Fiscalía se reafirmó en solicitar 3 años y 9 meses de cárcel por falsedad en documento oficial, y otros tantos de inhabilitación para cargo público. A ellos se suman otros 11, también de inhabilitación para cargo público, por el delito de prevaricación. La acusación particular reclama, además de 300.000 euros de indemnización, 5 años de cárcel y de inhabilitación por falsedad documental, y 10 años de inhabilitación por prevaricación.

Durante su declaración, Luis Calvo admitió que no existía la comisión de gobierno que mencionaba en su informe de enero de 2020, sino que se trató “de una reunión informal” de ediles del gobierno y a la que no acudió ni el secretario ni el interventor.

Cinco testigos

También admitieron que no se había creado ese órgano dos de sus ediles de gobierno, desdiciéndose de lo que relataron hace un par de años en la fase de instrucción, algo que justificaron porque “aquel día” no se acordaban. Pero otro de los ediles del gobierno por entonces y que ayer también prestó declaración rechazó la versión de sus compañeros y aludió a la “obsesión de Luis Calvo con esta empresa”, y añadió que otro miembro del ejecutivo le indicó qué tendría que declarar.

Prestó también declaración la secretaria personal de Calvo, que relató que el 20 de enero de 2020 no hubo ninguna reunión y que el regidor le dictó a ella el decreto, para llevarlo él después al registro y manifestar que “iba a hacer todo lo que fuera para cerrar Lácteos Farelo”, una afirmación que también escucharon el agente de la Policía Local y el arquitecto municipal.

Por su parte, el secretario municipal no dudó en decir que todo se había tratado de un despropósito y que intentó convencer al regidor de que el proceso que realizaba no era legal. Es más, hay un informe de este departamento que recalca que el precinto de unas obras compete siempre a la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, “pero el alcalde estaba obsesionad con esta empresa”, añadió. De hecho, Calvo hizo caso omiso de este informe y ordenó el precinto el 5 de febrero.

Notificación por correo

“El alcalde dijo delante de mí que no le importaban las consecuencias penales de la decisión”, añadió el secretario municipal, para quien “no fue prudente ni proporcional la medida de precinto”. Hubo otra medida irregular por parte del alcalde, al margen de mencionar un organismo que aún no había sido creado (la comisión de gobierno se conformó a mediados de febrero de 2020). Envió la orden de precinto a la empresa por correo electrónico, a sabiendas de que este no es un medio válido de notificación, como recalcó la Fiscalía.

Este es el segundo juicio al que se enfrenta Calvo, tras otro proceso abierto por el exaparejador municipal, al que tiene que indemnizar con 10.000 euros por un delito contra su honor al realizar diversas manifestaciones contra su labor profesional.