Piden a la Fiscalía que investigue si la Xunta “pone en grave riesgo” a enfermas de cáncer
Redacción
La asociación Defensor del Paciente reaccionó ayer a la denuncia de las usuarias del servicio de Oncología del CHUS solicitando a la Fiscalía de Galicia abrir una investigación para determinar si la Xunta “pone en grave riesgo a mujeres con patologías oncológicas” por la demora en la atención médica en un “supuesto intento de ahorrar dinero”. En una carta dirigida al fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes, la entidad advierte de la “gravedad” del asunto y le pide investigar de oficio al Gobierno gallego por una presunta “dejación de funciones” hacia pacientes, principalmente mujeres, que “no están enfermas por capricho”.
La petición llega después de que la asociación de Pacientes y Usuarios del CHUS denunciara el reatraso de varios meses para citas de revisión médica a pacientes sometidas a tratamiento contra el cáncer. La presidenta de Defensor del Paciente, Carmen Flores, cuestiona “cómo es posible que se intente ahorrar en dinero y se ponga la vida de las mujeres en peligro habiendo un protocolo de obligado cumplimiento”, y advierte de que “la prevención es vital para salvar vidas”. Flores apunta que el número de pacientes que reclama una cita médica con un especialista para el seguimiento de su tratamiento de cáncer es “brutal” y crítica la demora en la respuesta en centros médicos gallegos, lo que constituye “un problema grave” por la “falta de prevención y seguimiento” de la Xunta.
Por ello, invita al fiscal general de Galicia a investigar ese asunto, con especial énfasis un posible “delito de dejación de funciones y de poner en grave riesgo la vida de las personas” por parte de las autoridades sanitarias, en lo que el Defensor del Paciente cree que podría constituir también un “abuso de poder”. En ese sentido, subraya que el Código Penal prevé que “el funcionario público que, abusando de sus atribuciones, comete u ordena, en perjuicio de alguien, un acto arbitrario cualquiera, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años”.
El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, que hasta hace apenas un mes era el jefe de servicio de oncología radioterápica del hospital compostelano auguró el lunes una solución en un “plazo breve” para este problema e insistió en que los retrasos únicamente se han producido en citas de “revisión de pacientes, curados la mayoría” y no en pacientes con la enfermedad activa.
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