Los vecinos de O Regueiriño rechazan los accesos a fincas propuestos por el ayuntamiento

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 2 de Pontevedra acogió ayer la vista a instancias de los afectados por las obras de humanización de la Avenida Cuíña de Lalín. Los dueños de los terrenos acusaron al Concello de haber inutilizado el acceso a fincas situadas en la parte baja del multiusos y haber ocupado más superficie de la prevista en el proyecto de ejecución de los trabajos.

Según indica José Lamas, uno de los afectados, en la vista la representación legal del ayuntamiento –por esta parte testificó un perito, además de letrados y técnicos de la empresa constructora– planteó unos nuevos accesos a estas propiedades que no solo no les convencen sino que hasta en casos les resultan casi grotescos. Las entradas, cegadas por las aceras y la ampliación de la rotonda de O Regueiriño, se habilitarían a través de un camino [también cerrado durante los trabajos– que comunica con el Paseo do Pontiñas, pero accediendo tanto a pie como con maquinaria agrícola si fuese necesario por el propio paseo fluvial. La letrada de los demandantes recordó que la circulación de vehículos por el Pontiñas está prohibida, solo reservada a peatones o ciclistas. Otra entrada propuesta que descolocó a los afectados fue por la propia avenida, siendo necesario cruzar la acera e incluso sortear elementos de ornato. Al tercer predio se entraría por una pendiente rebajada anexa al multiusos que para los vecinos no reúne las condiciones.

Por otro lado, los afectados imputaran al ayuntamiento una ocupación excesiva de terreno, en todo caso más que el previsto para materializar las obras de humanización de esta avenida. Según sus estimaciones, entre las tres fincas particulares, se habían invadido unos 400 metros cuadrados de más. Pero la defensa del ayuntamiento, según los demandantes, alegó que la superficie apenas había rebasado los 107 metros cuadrados, algo que atribuyó a desprendimientos fortuitos de tierra desde el talud que quedó con la ampliación de la glorieta. Esta postura tampoco coincide con las mediciones realizadas por los propietarios, requeridos en una primera ocasión por el ayuntamiento para elaborar un peritaje, dando autorización, pero ya no a una segunda comunicación para el mismo motivo, molestos por la entrada de una excavadora a sus fincas. “Las cuentas no nos dan”, manifiesta José Lamas.

Con las posturas expuestas ante el juez, ahora el asunto quedó visto para sentencia, fallo que podría conocerse en un período de tres o cuatro meses.

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