Inspección requiere a Sociser un registro de jornada y un cálculo real de los kilometrajes

La CIG recibió días atrás un informe de la inspectora de Trabajo y Seguridad Social, que en mayo pasado visitó Sociser Galicia SLU, la empresa que se encarga del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) en Vila de Cruces. En dicho informe se recomienda a la empresa que ponga en marcha un sistema de registro de jornada, para que cada empleada indique cuándo comienza a trabajar y cuándo termina. También detecta, sobre los tiempos de desplazamiento, que la empresa “en unos casos aplica un tiempo estimado y en otros se asigna un tiempo real”, así que recomienda que se revisen los tiempos computados como desplazamientos con vistas a que las personas con jornada parcial la tengan ampliada.

Varias nóminas para la misma trabajadora

El secretario de CIG Deza, Antón Merayo, abordó ayer junto dos de las tres delegadas sindicales, Ana González Orza y Beatriz Mareque Millán, la situación de una empresa que lleva el SAF de Cruces desde 2021, al ser la única oferta. Merayo recalcó que la adjudicataria, en realidad, nunca pagó los kilometrajes a las trabajadoras, por lo que estas pierden poder adquisitivo y se les puede adeudar unos 105 euros mensuales, solo en desplazamientos. “Hubo gente que gastaba más en gasóleo de lo que cobraba”, ya que varias tienen contratos de 5 horas semanales, o de 8, cuando en realidad cubren hasta 30 horas y el convenio exige un contrato mínimo de 26 horas. Por eso, en algunos casos no tienen una nómina, sino tres o cuatro, ya que buena parte de esas horas se califican como “complementarias”, añade el sindicalista, pese a que Inspección recalca que solo puede haber una nómina por trabajador.

Cruces rechaza el recurso de Sociser para incrementar el precio por hora del SAF

Inspección exige además que se paguen los desplazamientos y pluses de antigüedad con carácter retroactivo, pendientes desde mayo de 2022. En vista de que Sociser no ha acometido estos requerimientos, la CIG comunicará a Inspección la situación y solicitará un informe, “para pedir los pagos no cubiertos a través de los Juzgados de lo Social”. Hubo una oferta de la empresa de pagos atrasados, pero de 200 euros por año y en plazos de tres meses. A la CIG, ni a la plantilla, tampoco le sirve esperar hasta junio, cuando salgan los nuevos pliegos de contratación. Ya llevan seis meses peleando por estas mejoras.