Los afectados de O Regueiriño aducen que el acceso a sus fincas no figura en el proyecto

Los propietarios de fincas afectadas por las obras en la Avenida Xosé Cuíña de Lalín sostienen que el proyecto original no preveía la construcción de un acceso a sus predios como asegura el gobierno municipal y advierten de que estarán “vigilantes para que no se ocupen más terrenos de los acordados” en el proceso de ocupación directa elegido por el Concello para la humanización de esta vía circunvalatoria.

José Lamas, uno de los afectados, sostiene que la habilitación de un acceso a través de la nueva entrada para el multiusos próximo al talud generado por la ampliación de la rotonda de O Regueiriño no garantiza el acceso a la totalidad de las fincas como antes a través de la propia avenida aunque sí pueda favorecer que los dos caminos de servicio no queden ciegos como ahora. En el ámbito de la actuación existe un sendero que parte de la Carballeira da Crespa que ya desembocaba antes en la glorieta, pero a través de un pequeño desnivel sí confluía con la Xosé Cuíña, algo que ahora no sucede al levantarse un talud de unos cuatro metros de alto. Lo mismo ocurre con un camino que partía cerca de la rotonda y que discurría por dentro de unas fincas, rematando en el Paseo do Pontiñas.

Los afectados insisten en que no es posible construir este nuevo acceso sin ocupar más terreno y en consecuencia o el Concello lleva a cabo una modificación del proyecto o no hay espacio físico para habilitar esta entrada que, insisten, “no figuraba en el proyecto inicial aprobado”, al que habían presentado alegaciones, resueltas a su favor por la propia administración municipal. Si el pasado sábado advertían de que posiblemente el Concello ocupase más metros cuadrados para la obra de los acordados, ahora no tienen dudas que precisará más terrenos para este hipotético acceso que partiría unos metros arriba de la rotonda próxima al multiusos. Ante este escenario, los vecinos aseguran que realizarán nuevas mediciones para verificar los metros cuadrados de terreno que fueron ocupados para estas obras y que en todo caso estarán atentos a los movimientos que se lleven a cabo en los trabajos.

Explican que el propio proyecto establece que para acometer este tramo de las obras en la avenida se previó la ocupación directa de unos 1.000 metros cuadrados de terreno correspondientes a una quincena de fincas, dos de ellas inscritas a nombre de Aguas de Galicia, que abarcan 14 y 13 metros de superficie afectada. Las otras incluidas en este proceso, 13 en total, comprenden áreas de ocupación que oscilan entre los algo más de cinco y 298 metros cuadrados. Hay casos de bienes con un único propietario, otros que figuran a nombre de herederos, en multipropiedad o incluso dos cuyos legítimos dueños se desconocen.

En el proyecto de urbanización se alude a la ejecución de un nuevo acceso desde la rotonda de intersección con la calle Escaldes-Engordany (la que fue ensanchada con aceras hacia las fincas objeto de la disputa) y un aparcamiento para autocares que por cuestiones presupuestarias no fue incluido en esta fase. La humanización de este tramo de la avenida fue adjudicado en agosto pasado por 1.139.122 euros.

Vilariño solicita “diálogo” con los propietarios

El BNG de Lalín insta al gobierno a dialogar con los afectados par llegar a un acuerdo. Su portavoz, Francisco Vilariño, exige que se garanticen los accesos a las fincas y entiende las demandas de los vecinos, que, recuerda, habían presentado alegaciones al proyecto. Considera vital un acuerdo, “porque la vía judicial va a salir más cara para las arcas municipales”. Defiende una medición de los terrenos para ver con detalle por dónde se ejecutará este paso paralelo al talud, cuestión que difiere de lo que le transmitieron los propietarios y por eso para Vilariño no tiene sentido decirle ahora a los vecinos “que tendrían que darla una pensada”. Asegura que los dueños de las fincas “no estaban informados, como dice el gobierno, de ninguna alternativa, además de que la única vía para habilitar este paso es ocupando más terreno del previsto. Y garantiza que las conversaciones con el gobierno anterior no estaban enquistadas, como aduce la edil Paz Pérez, sino en proceso de negociación.

PSOE

Mientras, el grupo socialista pide a Pérez que en lugar de responder a la oposición se reúna con los afectados, que merecen unas explicaciones. Ante la solución esgrimida por el gobierno, el PSOE pregunta quién pagará la modificación de la obra y también si incrementará el coste de la misma. “Los afectados ya reclamaron en su momento, por lo que deberían haberlo contemplado en el proyecto y no que ahora tengan que pagar más los vecinos por su falta de miras”, afirman desde la organización socialista

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