Denuncian que restos de los edificios de Rivero se vertieron en una finca de Castro

La Asociación Profesional de Recicladores de Residuos de Construcción y Demolición de Galicia (Arcodega) denuncia el supuesto tratamiento ilegal de los restos de los edificios de la calle Manuel Rivero de Lalín. Afirma que el material, en vez de seguir su curso de tramiento reglamentario, fue depositado en una finca privada ligada a una explotación ganadera situada en la parroquia de Castro. El expediente de denuncia por “actividad ilegal de gestión de residuos de construcción y demolición” fue remitido a la Consellería de Medio Ambiente, al Seprona de la Guardia Civil, Policía Nacional y a la Alcaldía del Concello.

La entidad presidida por Pablo Posada Blanco argumenta que comprobó sobre el terreno que la demolición de los inmuebles públicos no fue selectiva, sino que sobre las parcelas de la calle Rivero se amontonó todo tipo de residuos hasta que el pasado día 1 comenzó su retirada. Asevera que los residuos fueron transportados a un predio vinculado “a una gran explotación ganadera, en un espacio comprendido entre la citada granja y el Rego de Xumio al que se accede por la PO-533”. Concreta que se trata de un vertido directo sobre la tierra “completamente mezclado, con alto riesgo de lixiviación y en las proximidades de un regato afluente directo del río Asneiro”.

En su exposición de los hechos añade que el promotor y poseedor del residuo es el Concello y la empresa adjudicataria de la actuación, Ogmios Proyectos SL, que asumió los trabajos de una intervención que comprende la posterior construcción de un edificio multiusos por 2,8 millones de euros. No obstante, especifica que los trabajos de demolición de los edificios propiamente dichos fueron subcontratados a una empresa de la localidad. “La responsabilidad principal es del adjudicatario del contrato, subsididariamente el Concello por la no verificación del destino del escombro generado”, advierte.

En conclusión, advierte de que estos hechos vulneran la normativa aplicable. En primer lugar señala que el productor de los residuos está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos producidos en sus obras fueron gestionados en obra o entregados a una instalación de valorización o eliminación para su tratamiento por un gestor autorizado. O que cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo y, sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, “estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos para participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión”.