Cobre San Rafael elimina las filtraciones del depósito de estériles y limpia Portapego
El grupo que quiere reabrir la mina de Touro está en plena restauración de las aguas | La anterior concesionaria cesó la actividad en 1987 y no estaba obligada a un plan de cierre
Después de que la Xunta rechazase por dos veces ( el 28 de enero de 2020 y el 2 de marzo de 2021) el proyecto de Cobre San Rafael para reabrir la mina de Touro, el grupo empresarial decidió acometer un proyecto de restauración de las aguas de forma previa y desvinculada de una futura explotación de los recursos metálicos de este concello y de O Pino. Así, adelanta la restauración pero también hace los deberes que en su momento no abordó la anterior concesionaria de la mina, Sociedad Minera y Metalúrgica de Peñarroya y Río Tinto Patiño RTP. La mina de Touro cesó su actividad en 1986, tras 15 años en funcionamiento, y por entonces no era obligatorio un plan de cierre.
Hace casi un año, en marzo de 2022, Cobre San Rafael anunció una inversión de 1,9 millones de euros para la restauración integral y definitiva de las aguas de la antigua mina. El proyecto incluye un canal de drenaje para que las lluvias no entren en el antiguo depósito de estériles, que no fue impermeabilizado en su momento. El canal tiene un kilómetro de largo y durante el pasado verano fue impermeabilizado, con una base geotextil y la instalación de una geocelda, así como el posterior uso de técnicas de hidrosiembra para finalizar la naturalización.
El canal cuenta con un complemento: la recogida y canalización de aguas que sí entren en contacto con esos estériles, para ser conducidas a dos nuevas plantas de tratamiento de aguas. Aquí se tratarán para devolverlas limpias al cauce del Brandelos. El proyecto incluye la gestión de las aguas acumuladas en el hueco minero de Vieiro.
Al margen del canal de drenaje y la construcción de la planta de tratamiento de aguas, hubo una intervención en el regato Portapego, que durante años bajó teñido porque nace bajo ese antiguo depósito de estériles. La firma retiró lodos arrastrados por las aguas desde la antigua mina y que quedaron en el lecho del cauce. Para ello se emplearon camiones aspiradores y maquinaria de bajo tonelaje que no causasen impacto en la ribera.
Plan de control
Cobre San Rafael tiene dos empresas promotoras: Explotaciones Gallegas (que ya retira áridos de la antigua mina) y Atalaya Mining, que explota la histórica mina de Riotinto en Huelva. Ya en enero del año pasado dio a conocer un plan de control ambiental de río Ulla después de que un estudio del CSIC, Ambarulla, rematado en 2020, concluyese que la contaminación de la ría de Arousa no se debía a la antigua mina de Touro, a unos 60 kilómetros, sino a vertidos industriales y de urbanizaciones de Padrón, Catoira o Santiago. Indica cierta curva en Ledesma (que se intentará reducir) , que baja en Pontevea pero que se dispara precisamente en Pontecesures.
Por ello, Cobre San Rafael mantuvo 120 reuniones con colectivos, que fraguaron en acuerdos como el firmado con Parquistas de Carril OPP89 para monitorizar las aguas del Ulla. Se colocó una sonda multiparamétrica para evaluar las aguas que llegan a Pontecesures. Instalar el dispositivo costó 25.000 euros y permite conocer valores en tiempo real sobre la presencia de cobre, mercurio, cadmio o plomo en las aguas.
Demanda social
Con estas medidas, Cobre San Rafael quiere responder a una demanda social para solucionar los pasivos ambientales heredados de la antigua mina. Cuando se conoció la intención de reabrir la explotación minera, en 2017, numerosas plataformas se postularon en contra y alertaron del mal estado de las aguas circundantes por la actividad anterior. La propia Xunta, en enero de 2020, instaba a Cobre San Rafael a actualizar el plan de restauración. La empresa indica que propone una minería moderna y sostenible, que permite mediante la minería de transferencia ir restaurando los huecos mineros de forma paralela a la explotación.
Extinción de dos centrales en los ríos Ulla y Arnego
El Boletín Oficial de Pontevedra publicó ayer la exposición pública de dos expedientes de extinción, por caducidad, del derecho concesional para la explotación de otras tantas centrales eléctricas. Una de ellas está sobre aguas del Ulla, a nombre de Emilio y Manuel Fociños Vilar, y afecta a los municipios de Agolada y Santiso. La otra concesión, que incluye además un molino harinero, un aserradero y riega, tiene como titular a José Casares Varela y se ubica en el Arnego, en los concellos de Agolada y Lalín.
En el caso de la central sobre el Ulla, la causa de la extinción se debe a la interrupción permanente de la explotación por más de tres años consecutivos. La del Arnego se debe al incumplimiento del condicionado de la resolución de otorgamiento e interrupción permanente de la explotación por más de tres años consecutivos. Un estudio de Augas de Galicia indica que los cauces de Deza y Tabeirós-Montes soportan 15 concesiones hidroeléctricas caducadas.
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