Lorenzo censura “la indefensión” frente a las eólicas con la nueva normativa estatal

La concejala lalinense de Urbanismo, Raquel Lorenzo, denuncia que ayuntamientos y vecinos quedan en situación de “indefensión y abandono” ante las grandes corporaciones energéticas con la aprobación del Real Decreto Ley 20/2022 que permitirá a las empresas eólicas la construcción de parques “sin tener que tramitar la declaración de impacto ambiental (DIA)”. No solo no tienen que someterlos a exposición pública, sino “ni tan siquiera trasladar los proyectos a los concellos, evitando que se presenten alegaciones vecinales y/o municipales”. De este modo, en la mayoría de los casos, les queda “el camino libre para ubicarlos en situaciones altamente perjudiciales para el medio ambiente, los patrimonios y bienes culturales, el paisaje e incluso para los sectores productivos agrarios”.

El Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre, recoge medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania y de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad. Entre otras novedades, determina que, hasta finales del año 2024, se sustituye la evaluación ambiental por un mínimo trámite de afecciones ambientales. Esto significa que un proyecto de energías renovables que no esté en Red Natura 2000 o en espacios protegidos –de las decenas que se presentaron en los dos últimos años en Deza y Tabeirós-Montes ninguno lo está– y que no implique la construcción de líneas aéreas de voltaje superior o igual a 220 KV y longitud superior a 15 km “no tendría que presentar el estudio de impacto ambiental ni someterse la exposición pública, ni siquiera requerir los informes de organismos sectoriales competentes en la materia”, advierte Lorenzo.

Con esta nueva normativa sobre la mesa, megaproyectos “totalmente inasumibles y destructivos” para Lalín como los de Céfiro, Brisa, Galerna o Monte dos Porcallos y Val do Folgoso, que implicarían la instalación de torres eólicas gigantescas muy próximas a las viviendas, en tierras de labor altamente productivas y con afición al Camino de Santiago, a valores patrimoniales y paisajísticos de primer nivel, “podrían instalarse sin ninguna consulta al Concello o exposición pública a los vecinos para defenderse de estas aberraciones colocadas sin más criterio que la explotación económica y el beneficio de unos pocos”, expone.

La edil de Urbanismo va más lejos e indica que, frente a “una tramitación rigurosa y garantista con el medio ambiente y con los valores patrimoniales que realizó el Concello y como se estaba proponiendo desde la Xunta, defendiendo siempre una evaluación ambiental común de los proyectos eólicos, el Gobierno central acaba de apostar por una tramitación libre de evaluaciones ambientales que otorguen una seguridad jurídica para los ciudadanos, para los ayuntamientos y para el futuro de los territorios ocupados por parques eólicos”.

Con esta medida, el Gobierno de España abre una “barra libre” hasta finales de 2024 para que cualquier empresa eólica, la mayor parte de ellas vinculadas “a capital especulador” –asevera Lorenzo–, pueda asentar sus parques donde estime oportuno y sin ningún control por parte de los afectados tanto institucionales como particulares. Insiste en que deja “totalmente indefensos” a los ayuntamientos, que “no tendrán ninguna herramienta para pelear contra estos macroproyectos a los que ya consiguió paralizar en dos de las amenazas más grandes”.

Moción plenaria

“No vamos a permitir que por cumplir con los compromisos de Pedro Sánchez y su gobierno con Europa, acabemos con el territorio de Lalín totalmente acribillado de molinos de más de 200 metros de alto”, avisa la concejala del Partido Popular. Y avanza que su grupo municipal llevará al próximo pleno una moción para exigir al ejecutivo del Estado que suprima o modifique el Real Decreto Ley 20/2022 para que devuelva la obligatoriedad de la DIA y se dé plazo de audiencia a los ayuntamientos y posibilidad de alegación sobre todos los proyectos eólicos que se pretendan instalar en Lalín, especialmente todos aquellos que están fuera de las Áreas de Desarrollo Eólico (ADE) ya delimitadas”.

Por último, Raquel Lorenzo pide la implicación de los socialistas lalinenses, “que tan activos estuvieron –recuerda– para intentar paralizar algún parque que sí cumplía con la ley eólica gallega”. Les demanda que exijan a sus compañeros de Madrid que no dejen “indefensos” a vecinos y ayuntamientos ante “la tropelía en que se puede convertir la geografía gallega y lalinense con este cambio en el marco normativo”.