UGT anuncia protestas en Lalín si Concello y empresa del SAF no resuelven su conflicto

Propone al gobierno que incremente un 10% su aportación para garantizar un servicio que podría verse afectado en Navidades | La concesionaria vaticina que el próximo año tendrá unas pérdidas de cerca de 107.000 euros

Juan Loureiro y María Cidrás (centro) con dos representantes sindicales. |   // A.L.V.

Juan Loureiro y María Cidrás (centro) con dos representantes sindicales. | // A.L.V.

La prestación del servicio de ayuda a domicilio en Lalín está en riesgo ya de cara a las próximas Navidades si Concello y concesionaria no llegan a un acuerdo que permita resolver el conflicto iniciado por la empresa, al solicitar el descuelgue del convenio. Esta es la posición de la UGT, que ayer explicó su postura al respecto de la amenaza lanzada por Protección Geriátrica 2005 SL. La central sostiene que con el tira y afloja entre las partes, hay dos perjudicados: por un lado las 64 trabajadoras y por otro, los usuarios de un servicio esencial que, además son personas mayores o con severos problemas de autonomía.

Juan Loureiro, secretario general provincial de Servizos Públicos de UGT, asegura que el grupo de gobierno faltó a su palabra cuando garantizó que “trataría con mimo el problema”, pero después se limitó a aprobar el presupuesto para 2023 con las mismas condiciones y sin cambiar una coma respecto al acuerdo, prorrogado recientemente en los mismos términos. ¿Qué pretende la concesionaria con la solicitud de descuelgue del convenio que, por cierto, todavía deberá ser autorizada por la autoridad laboral? Tanto Loureiro como su compañera María Cidrás lo tienen claro: una vez que no le dan los números, no repercutir en los salarios de las trabajadoras el impacto del IPC correspondiente. De hecho, el martes pasado la compañía le trasladó al sindicato que mantenía su postura.

64 trabajadores

La concesionaria, según Loureiro, alega que este año registrará pérdidas por importe de 10.012 euros, que en 2023 se elevarán hasta los 106.700 euros. En este sentido, UGT propuso a Protección Geriátrica 2005 SL que aguardase a marzo o abril para que estas estimaciones pudiesen ser contrastables. De todos modos, una vez que estamos ante un problema de dinero en un servicio que a la empresa no le sería rentable, se insta al gobierno municipal a que el ayuntamiento incremente un 10% la aportación al servicio, pero que lo haga con un compromiso por escrito. En caso contrario, la central sindical anuncia movilizaciones y tampoco descarta la convocatoria que huelgas que, obviamente, repercutirían en la calidad del mismo. “Estamos dispuestos a negociar, pero no a costa de los trabajadores”, añade, al tiempo que urge al ejecutivo a aprobar de manera urgente una modificación presupuestaria para aportar más dinero al Servizo de Axuda no Fogar (SAF). El próximo día 13 es una fecha clave en todo este proceso, que es cuando finaliza el plazo de consultas.

Gestión pública

Loureiro aludió a la propuesta del BNG de Lalín, quien desveló la amenaza de la empresa, de municipalizar el servicio. Dijo que concellos gestionados por la formación nacionalista lo tienen privatizado, entre ellos Moaña, con la misma empresa. Y que la concesión es el régimen más habitual en las administraciones locales.

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La Federación de Atención a la Ciudadanía de la Unión Sindical Obrera en Galicia (FAC-USO Galicia) ha presentado un escrito ante la Fiscalía Provincial de Pontevedra en relación a la Oferta de Empleo Público para la Estabilización del Empleo Temporal (Oepeet) del Concello de Lalín. El recurso se debe a la inclusión de nuevas plazas, incumpliendo el requisito de una “plaza de naturaleza estructural que haya estado ocupada, de forma temporal e ininterrumpidamente, al menos, en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2020”, recurso de reposición que, a día de hoy, no ha sido resuelto. Alude además a otra medida que colocaría a los futuros titulares de esas plazas en una situación de inseguridad jurídica, total y absoluta. Algunas de esas plazas a estabilizar, relacionadas con el deporte y la actividad física, se incluyen en una categoría profesional inferior sin exigir la titulación exigida por ley.. Apunta que el 24 de noviembre tuvo lugar una Mesa de Negociación en la que el alcalde, José Crespo, “admitió que se han recalificado algunas plazas como promoción interna encubierta”, y haber funcionarizado otras, cuestión que supone un aumento del gasto en materia de personal.