Para o pobre, sempre é noite. Con esta frase, el refranero gallego reflexiona sobre la conducta humana en relación a la capacidad de poseer bienes, sean o no de consumo. Históricamente la AP-53 fue una de las infraestructuras más maltratadas por el Estado en Galicia y los partidos políticos que gobernaron en Madrid nunca tomaron en serio las reivindicaciones sociales o políticas –estas muchas veces interesadas– para abaratar los precios de una de las vías de pago más caras de España.
Los representantes públicos gallegos centraron sus esfuerzos en reivindicar la AP-9 [en agosto del año pasado por fin llegaban los ansiados descuentos] y enarbolaron la bandera de una autopista que el curso pasado promedió 22.400 vehículos diarios y que atraviesa la comunidad autónoma de norte a sur. Por la AP-53 transitaron unos 6.500 y conecta Santiago con una comarca en la que viven 40.000 personas, pero que estaba llamada a vertebrar el interior gallego y, a través de Ourense emerger como una salida de la alta capacidad a la meseta. La “pobreza” de esta infraestructura aguanta otras comparativas con autopistas de pago con muchos más usuarios y millones de ciudadanos en su área de influencia como las radiales de Madrid y otras más periféricas, rescatadas por su fiasco económico o por haber llegado al final de su concesión. A la Santiago-Alto de Santo Domingo, inaugurada en 2003, todavía le resta medio siglo de concesión y en los últimos años la Xunta solicitó su transferencia al ministerio para poder aplicar bonificaciones. La mendicidad se había puesto de manifiesto ya entonces cuando la administración autonómica aportó 60 millones a fondo perdido para la construcción de la autopista. Después, el bipartito en la Xunta decidió convertir en autovía gratuita el tramo entre Dozón y Ourense.
En la AP-53 se producen situaciones tan rocambolescas como pagar por kilómetros que no recorres o que una de sus salidas se dibujase a través de una pista rural. Los cobros irregulares por supuestos errores de los mecanismos habilitados en las cabinas, un firme muy peligroso en días lluviosos son otros de los capítulos negros de esta infraestructura que, en dos décadas, podría duplicar su coste si el Ministerio de Infraestructuras le da el visto bueno a la propuesta de la concesionaria –Autopista Central Gallega– en base a los criterios establecidos en el contrato.
Sobre este asunto, fuentes de este departamento del Gobierno central indican: “El ministerio calcula a final de año los peajes del ejercicio siguiente y no será hasta entonces cuando se conozcan las tarifas a aplicar en cada concesión”.
El 1 de enero sabremos si la autopista se convierte en un artículo de superlujo que, a diferencia de otras estatales, ni siquiera bonifica a los usuarios habituales o favorece el cada vez más utilizado telepeaje.
— Cobros irregulares
Hace 11 años trascendían las primeras denuncias públicas de usuarios por cobros irregulares. Algunos que tomaban la salida de Ponte, en Silleda, para ahorrar el costoso tramo de solo 8 kilómetros hasta Lalín alertaban de que la empresa estaba cobrando el viaje completo. En 2019 esta casuística se repitió con muchos clientes, a los que se facturaba en su cuenta hasta dos o tres veces y solo desplazamiento.
— Pagar kilómetros de más
Esta problemática es tan antigua como la propia infraestructura. Las tres últimas salidas de la vía están en el término municipal lalinense, pero la autopista continúa hasta el Alto de Santo Domingo (Dozón) y por tanto los viajeros, independientemente de que salgan en Lalín, están obligados a pagar por un tramo de 14 kilómetros que no realizan.
— Firme peligroso
Circular por la autopista los días lluviosos entraña un riesgo para los conductores por la peligrosidad del firme. Pese a que en los últimos años la empresa acometió la reposición de la capa de rodadura, en el carril derecho y en ambos sentidos, el agua no drena y se forman charcos que condicionan la normal circulación. ¿La alternativa? Ver a decenas de coches por el carril habilitado para adelantar.
— Salida por una pista rural
Una de las salidas de la AP-53 está a la altura de la parroquia silledense de Lamela, desde donde enlaza con la N-525. Con el paso del tiempo se fue normalizando que una de las conexiones de la vía de alta capacidad con la carretera nacional se realizase a través de una estrecha pista rural resultante de la concentración parcelaria por la que apenas entra un vehículo.
Iniciativas del PP y del BNG en Lalín
Grupo de gobierno y BNG de Lalín hicieron públicas ayer iniciativas para tratar de frenar el la subida de cerca de un 9% en las tarifas a partir del 1 de enero. El ejecutivo presidido por José Crespo registró una moción que plantea un acuerdo con el que se exige al Gobierno central la aplicación “con carácter inmediato” de bonificaciones y descuentos en el peaje de la autopista para usuarios habituales, como los que ya disfruta desde hace tiempo la AP-9 “a fin de posibilitar un peaje asumible y una mejora en los niveles de competitividad”. Y, al mismo tiempo, el grupo popular solicita al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana la transferencia de la infraestructura a la Xunta. Hace alusión asimismo al acuerdo unánime del Parlamento de Galicia sobre las cuestiones antes descritas. En su moción expone que esta infraestructura, como eje vertebrador del interior gallego, afecta a los concellos dezanos, pero también a A Estrada, Santiago de Compostela, Boqueixón, Vedra, Piñor, O Carballiño, San Cristovo de Cea, Maside, Punxín y Ourense. Además, recuerda que para aplicar las bonificaciones propuestas por la Xunta, tras un encuentro con los alcaldes de la traza de la vía, se había estimado un desembolso de 3,2 millones de euros anuales. El BNG, por su parte, tilda de “indecente” la propuesta de incremento de las tarifas y acusa a las fuerzas políticas estatales de haber obviado claramente las necesidades de esta autopista cuando tuvieron responsabilidades de gobierno. La formación liderada por Francisco Vilariño propone la convocatoria urgente de una junta de portavoces de la que salga un acuerdo plenario unánime “aunque sea de boquilla por parte de las fuerzas estatales, para rechazar una medida tan lesiva para los intereses de nuestros ciudadanos”, manifiesta.
