El 22 de diciembre de 2003 se abría al tráfico el tramo de la AP-53 entre la capital de Galicia y Lalín –un año antes la vía de alta capacidad remataba en Silleda– y situaba a la comarca dezana mucho más cerca de Compostela. La autopista estaba llamada no solo a vertebrar el interior gallego, sino a acortar los tiempos del viaje entre Deza y, por ejemplo, el hospital de referencia del área o la sede de la administración autonómica. El precio de evitar el latoso viaje por la N-525 quedó fijado en 3,47 euros, casi la mitad de lo que podría costar la comunicación entre Lalín y Santiago el próximo año si el Ministerio de Infraestructuras aprueba el incremento propuesto por la concesionaria, Autopista Central Gallega.
La revisión de las tarifas toma como referencia el IPC y una fórmula en la que pesan volúmenes económicos o de intensidad de tráfico, que la administración central valida a finales de año, para que entren en vigor el 1 de enero del siguiente. Con la previsión de un aumento del 9% en las tarifas, la comunicación Santiago-Lalín pasaría a costar 6,70 euros frente a los 6,15 actuales. Este desmadre supondría un severo castigo a las economías familiares y empresariales por la utilización de una infraestructura ya de por sí muy cara a la que los sucesivos gobiernos estatales nunca han querido meter en cintura.
60 millones a fondo perdido
A los usuarios poco les importa que la Xunta, hace dos décadas, aportase 60 millones de euros a fondo perdido para la construcción de la autopista y solo esperan, con escasa confianza, que Transportes mueva ficha y permita que se puedan aplicar descuentos. Estamos hablando de que para el próximo año recorrer cada uno de los 41 kilómetros que separan Santiago de Lalín costaría la friolera de 16 céntimos. Si esta cantidad semeja muy elevada, más todavía lo son los 34 céntimos por la conexión entre la capital dezana y Silleda, que pasaría de costar 2,55 a 2,80 euros por un viaje de solo ocho kilómetros. Estas cantidades son para vehículos ligeros, pues los de mayor tonelaje deberían desembolsar solo por el trayecto de ida 13,45 euros. Esta hipotética subida de las tarifas llegaría un año después de que la concesionaria ya incrementase los precios en 10 céntimos este año.
Sobre el alza de precios se pronunció ayer el gobierno autonómico. Su presidente, Alfonso Rueda, aludió al impacto que tendrían en la AP-9 e indicó que de confirmarse, estaríamos ante “la segunda máxima de la historia”, instando al ejecutivo central a congelar las tarifas, también en la AP-53. Por su parte, la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, recordó que la vía de alta capacidad que une Santiago y Lalín “no tiene ninguna bonificación”. No es solo que los usuarios de esta vía no gocen de descuentos por viajes habituales, sino que es la única autopista de España que tampoco favorece la utilización de los mecanismos de telepeaje.
El BNG reivindica una nueva salida en Lamela
El BNG de Silleda considera que tras 20 años la problemática del enlace entre la AP 53 y la N-525 en la parroquia de Lamela es insostenible que se mantenga por más tiempo. Los nacionalistas recuerdan que llevan dos décadas presentando enmiendas a los presupuestos del estado solicitando una solución apropiada para este enlace. “A lo largo de estos años el gobierno estatal estuvo nueve en las manos del PP y once en las del PSOE. Todos ellos votaron en contra de las enmiendas del BNG y todos ellos consideran que a partir de la rotonda no es una obra de su competencia”, dicen y se preguntan si de no haber una pista de concentración la autopista finalizaría en una rotonda y por dónde se saldría de ese enlace. A nivel local, tildan este asunto de “juego político de conveniencia en el que PP y PSOE reclaman una solución cuando no gobiernan en Madrid. Le dará mucho rendimiento electoral a ambos, pero es inútil para vecinos y usuarios”, aduce.
