El Obispado dispone de dos meses para reparar los daños en la rectoral de Vilanova

A principios del pasado mes de agosto los propietarios de un pazo del siglo XVII, contiguo a la casa rectoral de la parroquia lalinense de Vilanova, denunciaban públicamente que el desinterés del Obispado de Lugo por reparar el inmueble religioso estaba ocasionado serios daños a su vivienda. Mónica Lemos Jorge, dueña de la casona, solicitaba la mediación del Concello en el conflicto para evitar que el deterioro de su pazo acabase siendo irreversible.

Después de varios expedientes municipales, la junta de gobierno local del pasado día 11 acordó apercibir al Obispado, dándole un plazo de dos meses para iniciar las obras de consolidación de ruina de la rectoral, y en caso contrario se procedería a la ejecución forzosa de tres acuerdos [de julio de 2018, agosto de 2021 y febrero de este año] mediante la imposición de multas coercitivas de 1.000 euros reiterables trimestralmente. La junta de gobierno, en 2018, acordó declarar en situación de ruina la casa, dando a la institución religiosa un plazo de tres meses para presentar el proyecto técnico de demolición. Este trámite es registrado meses después, pendiente del permiso de la Dirección Xeral de Patrimonio. En agosto del año pasado el Concello ya lanza una primera advertencia de imposición de sanciones económicas y da un plazo de seis meses para el comienzo de los trabajos. Pero tras la visita cursada por la Inspección Urbanística municipal, el pasado 28 de septiembre, se corrobora que no se realizaron actuaciones a pesar de que el tiempo ya se agotó. El asunto vuelve a la junta de gobierno que, como indicamos, ahora otorga al Obispado de Lugo, un plazo de dos meses para acometer las referidas obras de consolidación de ruina. Los propietarios del pazo alertaron de que el abandono de la rectoral provocaba filtraciones en su inmueble, además de detectar grietas en su estructura.

Rampa en Otero Pedrayo

En otro orden de cosas, el órgano de gobierno municipal abordó en la misma sesión la disputa entre dos partes por la instalación de una rampa en un edificio de la calle Otero Pedrayo. La comunidad de propietarios decidió habilitar este acceso, pero los dueños de un bajo del mismo edificio reclamaron judicialmente, dándoles la razón mediante sentencia dictada por el Juzgado Número 1 de Lalín y luego refrendada por la Audiencia Provincial. La junta de gobierno insta ahora a la comunidad de vecinos a reponer la escalera a su estado original, retirando la rampa construida tiempo atrás. El proyecto técnico de demolición tiene un presupuesto de ejecución material de 2.334 euros, trabajos que se deben acometer antes de tres meses y con el tope máximo de un año.