El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 1 de Pontevedra desestima el recurso de una abogada que reclamó a Agolada el pago de 2.541 euros por diversas consultas. La mujer trabaja en un bufete con otra letrada, a la que el Concello sí abonó sus prestaciones. Dejó sin abonar la cuantía reclamada al entender que no se habían acreditado los hipotéticos trabajos realizados, según recoge la sentencia. El fallo judicial indica que en julio de 2020 el Concello de Agolada resolvió el pago de solo 300 euros por un asesoramiento sobre el aparejador municipal, y que la demandante no impugnó esta decisión, por lo que esta pasó a ser firme. Agolada recalca que contrató el servicio del bufete, no de las dos abogadas de forma independiente, Contra la sentencia cabe un recurso de apelación.
