Los dueños de un pazo anexo a la casa rectoral de la parroquia lalinense de Vilanova denunciaron días atrás que el estado ruinoso de la edificación afectaba seriamente a su propiedad e instaban a las administraciones religiosas y civiles a darles una solución al respecto.

Consultado el representante de la Diócesis de Lugo en la parroquia, el sacerdote José Antonio Salgado asegura que es consciente del deplorable estado de la rectoral y por eso la institución religiosa está en disposición de retirar las piedras y otros elementos constructivos linderos con el pazo, así como a limpiar la finca de maleza. No obstante, asegura que la dirección xeral de Patrimonio de la Xunta apuesta por una rehabilitación integral del inmueble –la afectada asegura que fue declarado en estado ruinoso por el Concello tiempo atrás– y que esta obra sería inasumible para el Obispado por su elevadísimo coste. La finca, asegura, será desbrozada por la persona que tiene la arrendada para uso agrario.

Desde el departamento dependiente de la Consellería de Cultura se indica que el Obispado de Lugo solicitó en 2019 “autorización para la realización de obras de consolidación de la ruina de la casa rectoral”, petición que fue autorizada en noviembre de ese mismo año; es decir, vamos camino de tres años. Pero Patrimonio precisa que en la resolución se establecía que “en el menor tiempo posible se deberá proceder a la presentación de un proyecto de rehabilitación de la edificación catalogada, que permita garantizar la conservación del bien”. No obstante, la institución religiosa “no llegó a presentar ese proyecto”, aseveran desde la dirección xeral.

La administración municipal también aporta la versión de los acontecimientos que son estrictamente de competencia del Concello. El gobierno indica que efectivamente el Obispado solicitó permiso para rehabilitar la rectoral, trámite que se resolvió de manera satisfactoria en febrero de este mismo año, pero le fue notificado en marzo. La autorización correspondía a la consolidación de la ruina y, según establece la normativa municipal, la Iglesia dispone de un plazo de seis meses para materializar las obras; es decir, el tiempo se agotaría el próximo mes de septiembre.

Mónica Lemos, propietaria de la casona del siglo XVII, había asegurado que remitió varias comunicaciones al Obispado mediante burofax para que se procediese a adecentar la rectoral que nunca fueron respondidas. Alega que además de que su casa comienza a estar invadida por la maleza, también comienzan a ser visibles grietas en la estructura.