En su informe anual, la Valedora do Pobo indica que durante el año pasado esta entidad recibió 29 quejas referidas al funcionamiento de los concellos de las dos comarcas, así como a Cerdedo-Cotobade. La cifra supera levemente las 24 que se habían tramitado en 2020. En toda la provincia, ascienden a 455 las quejas de los ciudadanos contra la gestión de la administración local. Solo en Vigo ya se produjeron 136.
Por lo que respecta a esas 29 reclamaciones, hay 7 contra el Concello de A Estrada, 6 contra el de Forcarei y 5 contra el de Lalín. Se formularon además 4 quejas contra Silleda, 3 contra Vila de Cruces y 2 tanto contra Agolada como referidas a Cerdedo-Cotobade. El año pasado, no se tramitaron reclamaciones contra los concellos de Rodeiro y Dozón.
"A Estrada lidera las reclamaciones, mientras que en Rodeiro y Dozón no hubo ninguna"
El informe de la institución que preside María Dolores Fernández Galiño desgrana el contenido de estas quejas. Buena parte de ellas tienen que ver con cuestiones urbanísticas, como la presunta inactividad del Concello de Silleda ante una obra que se consideraba ilegal y que fue paralizada ya en 2014 por carecer de licencia y estar sobre suelo de núcleo rural histórico tradicional. Tras el requerimiento de la Valedora, el Concello giró visita a las obras, para confirmar que deben retirarse los materiales y trasladar la cuestión a la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) para realizar las actuaciones que procedan, dado que de momento el nuevo Plan de Urbanismo de Silleda no está aprobado y se considera suelo rústico todo el concello, salvo los dos cascos urbanos y el parque industrial.
A lo largo del año pasado, la Valedora emitió sendas recomendaciones a Cerdedo-Cotobade y Lalín sobre aspectos urbanísticos. A Cerdedo-Cotobade le remitía a mediados de marzo un recordatorio de deberes legales para garantizar que se derriben unas obras ilegales, ya denunciadas en 2013 y que la propia Dirección Xeral de Patrimonio Cultural decidió no legalizar en 2015. El Concello tiene pendiente esa demolición desde 2018. En cuanto a Lalín, le insta a impulsar un expediente de concesión de licencia El Concello arguyó en su momento que la carga de trabajo demoraba la revisión de toda la documentación.
Más de 130 viviendas vacías
Lalín y Cerdedo-Cotobade aceptaron estas recomendaciones, y en el momento de publicar el informe anual, estaba aún pendiente la respuesta de Forcarei sobre un recordatorio de sus deberes legales para garantizar seguridad, salubridad y ornato en unas obras. La queja se registró en agosto, cuando una vecina alertó de la continua caída de escombros de una vivienda anexa en ruinas.
Las quejas por la gestión de la administración local también vienen derivadas por otras causas, como acceso a la información. Ocurrió en A Estrada, cuando en enero del año pasado una persona solicitó información sobre una obra en curso y desde los servicios municipales se le pidió que tenía que debía justificar un interés legítimo, debido a la ley de protección de datos. El Concello aceptó dicho recordatorio. A Estrada también acató la sugerencia de la Valedora do Pobo para retirar la maleza de un pabellón abandonado, ubicado a 15 metros de la vivienda de la persona que solicitó su limpieza.
La Valedora do Pobo desgrana en otros apartado las quejas por viviendas y desahucios. En toda la comunidad gallega registró 61, casi el doble de las 33 de 2019. En 2021 se continuó con el trabajo con personas con síndrome de Diógenes o de Noé, investigando posibles casos en los concellos con más de 20.000 habitantes. Lalín no reportó casos, pero A Estrada y otros 12 ayuntamientos sí, con 63 personas en estas situaciones en total. Por eso, la Valedora recomendó a los dos concellos que participaron en el estudio que elaborasen un plan de intervención municipal para detectar casos. Por otra parte, el informe indica que hay 131 viviendas vacías en la zona propiedad de bancos: 111 en Lalín, 19 en A Estrada y una en Silleda.
Oposiciones
A la Valedora llegaron 12 expedientes por las distancias de nuevas plantaciones forestales. Uno de ellos se remitió desde A Estrada. El Concello respondió que para talar los árboles era preciso solicitar permiso a una compañía telefónica. Hubo también consultas en abril por las demoras en las oposiciones de subalterno de la Xunta, que debían celebrarse en Santiago, Silleda y Lugo y que al final fueron el 4 de julio. Las pruebas de la Academia Galega de Seguridade Pública también motivaron reclamaciones por su celebración en la Semana Verde, una ubicación que la Valedora sí consideró adecuada en tiempos de pandemia.
Por último, este alto comisionado requirió hasta en dos ocasiones informes a los concellos de Agolada y de Lalín,
