La Participación de los Ingresos del Estado (PIE) es una de las vías de financiación de las administraciones municipales que, en los concellos con menos servicios y en consecuencia una presión fiscal más baja, supone un respetable montante económico. El Estado acaba de hacer pública la relación de entregas del pasado mes de junio con la que se completa la primera mitad del año, donde a las cajas de los nueve ayuntamientos de Deza y Tabeirós-Montes llegaron exactamente 8.020.673 euros, un millón más que en el primer semestre del pasado ejercicio. Las aportaciones son más elevadas en todos los concellos, pero sobresale el caso de Cerdedo-Cotobade como el de mayor aumento en esta comparativa al pasar de algo más de 376.000 euros en el acumulado del primer semestre de 2021 a 612.000 euros ahora.
A Estrada es el municipio que más dinero recibió del Estado y los 2.547.407 euros mejoran claramente los 2.225.758 del período anterior. El Concello de Lalín contó con ingresos mensuales de un promedio de 388.000 euros hasta completar, entre enero y junio, 2.331.638 euros (260.300 más) mientras que el de Silleda pasó de unas transferencias en concepto de la PIE de 904.350 euros a 1.051.246. Las recaudación en Vila de Cruces supuso 606.399 euros (78.800 a mayores) y Rodeiro aumentó su cuantía de 227.179 euros de la primera mitad de 2021 hasta casi 231.000. La variación en Agolada es más o menos semejante a la administración municipal cambota y de 221.868 euros de transferencias estatales se pasó a 228.696. La PIE supone para el Concello de Dozón un promedio de 18.000 euros mensuales y en el acumulado en la primera parte del año el montante asciende a 107.294 euros, que son 4.000 por encima de la anterior cantidad. Por último, Forcarei dispone ahora de 304.689, que son 42.000 más.
Según la normativa, en lo que respecta al modelo de variables, este distribuye un importe global entre los municipios según determinados criterios. Resulta de aplicar a la financiación total de 2004 de esos municipios el índice de evolución de los ITE, y se distribuye: el 75% según la población de derecho de cada municipio multiplicada por un coeficiente, que es creciente en relación con aquélla; el 12,5% según el esfuerzo fiscal, como indicador de corresponsabilidad fiscal; es decir, a mayor esfuerzo fiscal, más financiación Y el 12,5% según el inverso de la capacidad tributaria, definido en función de las bases imponibles del Impuesto sobre Bienes Inmuebles urbanos: a menor valor de esa magnitud, mayor financiación
