El gobierno de Lalín defiende la legalidad del contrato a un exedil del PP denunciada por el PSOE, que anteayer puso el grito en el cielo al asegurar que Nicolás Varela percibirá 2.800 mensuales hasta final de este año por la gestión de las redes sociales del ayuntamiento.
El edil de Deportes, Avelino Souto, fue el encargado de replicar a los socialistas y lo hizo solo básicamente para zanjar las dudas sobre la legalidad del contrato. Y nada más. El miembro del ejecutivo enmarca estas críticas “en una estrategia orquestada para hacer ruido constante con el objetivo de desgastar al gobierno” y a “las ganas de sacar al PP de la Alcaldía, que es lo único que une a los grupos de la oposición, y por eso tienen la misión de atacar todos los días porque les preocupa que los vecinos comiencen a ver todo lo que se está haciendo y puedan comprarlo con el anterior mandato; un rotundo fracaso de gestión”.
Preguntas parlamentarias
Souto apela al recurrente en política “y tú más” y pide a la secretaria xeral del PSOE de Lalín, Alba Forno, “que antes de ponerse a dar lecciones denuncie lo que hace su propio partido”. Coloca en el disparadero a un hijo del portavoz municipal socialista, Román Santalla, que como asesor de la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra “pagado con dinero público, también de los lalinenses, se dedique a gestionar un digital completamente partidista en contra del gobierno de Lalín”. Insiste en que el vástago de Santalla, “contratado a dedo y son pasar ninguna oposición solo se dedica a disparar con un sesgo totalmente partidista contra el ejecutivo del PP de Lalín”. Y vuelve a manifestarse en el mismo sentido, preguntando a la también concejala socialista Alba Forno si este caso no le parece escandaloso pues “se están utilizando dinero público para mantener al responsable de una herramienta de comunicación política completamente partidista”, proclama Souto. El edil, como ya había advertido en otras ocasiones, anuncia que no descarta trasladar esta queja mediante una batería de preguntas en el Congreso de los Diputados.
Los socialistas, en su exposición sobre esta contratación a un exconcejal popular habían apuntado al incumplimiento rotundo de la Ley de Contratos del Sector Público, al tratarse de un contrato menor por el mismo concepto y los mismo servicios que uno ya firmado el año pasado con la misma persona.
Réplica al BNG
En cuanto a las críticas del BNG, Souto replica que “la manipulación torticera de las cifras tiene las patas muy cortas” y destaca que “la solvencia financiera del ayuntamiento está más que acreditada”, por eso las entidades bancarias prestan el dinero, sabiendo que se le van a devolver en tiempo y forma. Así se refiere a la denuncia de los nacionalistas sobre el elevado volumen de dinero que se pagará de intereses por los préstamos solicitados. “El problema real del BNG también es que los vecinos vean que este gobierno hace obras, porque las necesidades de la gente le importan poco”, resalta.
