La sangría demográfica es, sin duda, uno de los problemas más graves y difíciles de solucionar a los que se enfrentan las comarcas de Deza y Tabeirós-Terra de Montes, como la mayor parte de las del interior de Galicia. Contribuir a ponerle freno es uno de los objetivos que persigue Custodia Rural, un proyecto que propone la rehabilitación de cuarenta casas rectorales situadas “en las áreas más deprimidas y despobladas de Galicia”, así como la renovación básica de diez monasterios esparcidos por toda la comunidad. La iniciativa ha sido confeccionada por un equipo de la Asociación para a Defensa do Patrimonio Cultural Galego (Apatrigal), integrado por Minia del Río Arca (Latexos de Turismo), Patricia Pardo López y Carlos Henrique Fernández Coto. Presupuestada en 44,2 millones de euros, ha sido presentada a los fondos europeos dentro de un paquete general aprobado por la Xunta. La tramitación está ahora en manos del Estado y después irá a Bruselas.
Entre los nueve concellos de las comarcas –incluido todo Cerdedo-Cotobade– suman 246 parroquias, si bien algunas han ido siendo reagrupadas durante las últimas décadas, de modo que las iglesias son más. Y casi todas ellas conservan las viviendas del cura, aunque algunas están en pésimo estado de conservación, cuando no directamente en ruinas. Contra la que parece una irremisible pérdida, sobre todo de los inmuebles que presentan más valor patrimonial por sus características constructivas o su antigüedad, se rebelan colectivos como Apatrigal o Hispania Nostra, que incorporaba el pasado junio la rectoral de San Martiño de Ribeira (A Estrada) a su lista roja, en la que está desde hace años otra con el mismo patrón, la de Borela, en la parte de Cotobade del municipio fusionado.
Según la propuesta de Apatrigal, las parroquiales serían recuperadas para acoger, en una parte de su superficie, una o dos viviendas sociales, de promoción pública, destinadas a familias que se comprometan al impulso de la agricultura tradicional, la custodia del patrimonio cultural de proximidad –etnográfico, sobre todo– y a coordinar las actividades a desarrollar en el resto del inmueble, que serían de ámbito turístico, con la especialidad en turismo emocional o de retiros, nunca turismo rural como se concibe en la actualidad. Estas actividades de impulso y mejora del propio entorno podrían recaer sobre la familia arrendada o contratadas a terceras personas.
El primer paso sería conseguir la cesión por 99 años de las antiguas casas del cura por parte de las autoridades eclesiásticas propietarias –Obispado de Lugo y Arzobispado de Santiago, en lo que a las comarcas se refiere–. A partir de ahí, siguiendo los criterios aplicados a las casas de maestros, los concellos interesados se encargarían de promover la vivienda social en el rural, tras su restauración mediante un concurso organizado por el Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia.
El proyecto pretende hacer una selección de los territorios más abandonados y desfavorecidos para poner en marcha un proyecto piloto de “regeneración rural de nuevo concepto, combinando vivienda social, turismo de especialidad, cohabitación y activación cultural”. El liderazgo debe recaer sobre la Xunta, a través del Instituto Galego de Vivenda e Solo y los departamentos de Turismo de Galicia, Medio Rural, Empleo e Igualdad. Esto no es óbice para que sean los propios concellos –,de menos de 5.000 habitantes, en principio– los que formulen sus propuestas de rehabilitación de rectorales.
Tres son los usos fundamentales previstos en Custodia Rural: Residencial, turístico y desarrollo sostenible y empleo. La rectoral rehabilitada será adjudicada a una familia “que tenga los estímulos suficientes como para promover la agricultura natural o ecológica, la vida en el rural y del rural, que se responsabilizará de la supervisión del entorno, del patrimonio etnográfico y de generar sinergias para el poblamiento de la aldea en donde esté situada”, reza el proyecto. El turismo estará enfocado a sectores poco conocidos o explotados en Galicia, como retiros emocionales, preparación de oposiciones, centros de reflexión para la producción literaria o teatral o, simplemente, refugios para peregrinos no convencionales. En tercer lugar, se trata de ofrecer residencia a profesionales creativos para potenciar el talento y la industria cultural, pues, además de compartir un lugar de trabajo, se comparte una casa, en donde pueden intercambiar experiencias laborales y vitales; espacios que funcionarían como labwork.
De los 44,2 millones de euros previstos, a la renovación de casas rectorales se destinarían 13 millones, a una media de 300.000 euros por inmueble para la rehabilitación y 25.000 para mobiliario. La mayor cuantía, 31,2 millones, sería para recuperación de monasterios, a razón de 3 millones por cada uno y otros 120.000 euros para mobiliario.
Renovación de diez monasterios para acción cultural
Esta acción de custodia rural y de recuperación de las áreas despobladas y desfavorecidas tiene un suplemento, consistente en la renovación básica de diez monasterios que en la actualidad no están funcionando para convertirlos en contenedores culturales y elementos potenciadores de la cultura en el rural. Apatrigal defiende una “recuperación básica, no compleja, con carácter multifuncional, que permita realizar actividades culturales dinamizadoras del área en la que están situados”.
