El concepto de “parroquia” como unidad o ente no es ajena al imaginario colectivo del concello de A Estrada, que destaca por ser el municipio con más núcleos de población de España, un total de 463, agrupados en 51 parroquias. Es habitual también que en cada una de ellas haya uno o varios edificios de uso público, conocidos comúnmente como “casa-escola”, y posteriormente como centros social, o “teleclub”, y que la titularidad de dichos inmuebles se asocie indiscutiblemente a la propia parroquia. No obstante, según la actual legislación, la “parroquia” no existe más que como demarcación territorial, careciendo de entidad jurídica, y consecuentemente de reconocimiento legal expreso.
A simple vista esta cuestión podría carecer de importancia, el problema llega a la hora de registrar la titularidad de los inmuebles anteriormente mencionados, véase el ejemplo de A Somoza y Couso.
En el primer caso, el presidente de la asociación de vecinos, José Manuel Blanco, contó a este medio las peripecias que debió realizar la asociación para poder realizar mejoras en su casa-escuela, “en el 2013 quisimos pedir una subvención de la Diputación para mejorar el estado del edificio, pero para hacerlo necesitábamos demostrar la titularidad de este. Sabíamos que pertenecía a la parroquia porque había documentos en los que así figuraba, de cuando los vecinos recaudaron fondos por el 1923 para construirlo. Acudí al registro del Concelo para conseguir un título, entendiendo que como en muchos casos, pasara a formar parte del patrimonio municipal, pero para mi sorpresa, figuraba bajo el nombre del Archidiócesis de Santiago. Tuvimos entonces que organizarnos para pedir una entrevista con el Arcebispo, de manera que pudiésemos recuperar la propiedad. Afortunadamente, después de unos tres años, conseguimos una renuncia a esta por parte de la institución eclesiástica, que asociaban la matriculación a su nombre como un error”.
Llegados a este punto, la asociación de vecinos tenía dos opciones, o cedía el local al Concello, y pasaba esta a formar parte del patrimonio municipal; o lo registraban bajo su propia titularidad. Esta última fue la alternativa que escogieron desde el colectivo, no sin polémica por parte del resto de vecindad, dado que muchos pedían que pasase a ser de la “parroquia”, pero como se mencionaba antes, esto no era posible.
Actualmente, gracias a estar delimitada la propiedad del inmueble, los vecinos de A Somoza pueden optar a ayudas públicas para mejorar las instalaciones, y según confiesa Blanco, esa es la intención, si bien la pandemia puso el freno a esos planes, dejándolos en suspenso por un tiempo. Ahora, el presidente de esta asociación asegura que muchos de los bienes materiales que había en esta casa escuela han desaparecido, y que el paso de los años ha resultado en una desmejora considerable del edificio. Con todo, la intención es retomar el proyecto de restauración lo antes posible. Mientras, la comunidad usa otros inmuebles de funcionalidad similar y propiedad municipal.
El centro social de Couso, de todos y de nadie
Similar al caso de A Somoza es el del centro social de Couso, también en A Estrada. Recientemente, la parroquia quiso conmemorar a Luis Cerviño Beltrón el pasado sábado 11 de junio, colgando de las paredes del inmueble un cuadro con un retrato del protagonista y una copia del documento mediante el cuál este donó la propiedad a la parroquia.
De nuevo, por aquel entonces nadie se cuestionaba los efectos legales de esa donación, pues se entendía que la parte receptora era una entidad, que existía como tal. No obstante, el tiempo ha pasado y hoy en día sólo existe ese documento para probar la titularidad de la antigua casa escuela. Una carta firmada por el donante y vecinos representantes de Couso como entidad. El problema es el vacío legal que se produce cuando, al “no existir” la parroquia en términos legales, esa propiedad queda en tierra de nadie.
El subconsciente colectivo entiende que se trata de un bien comunitario, y eso ha mantenido al margen los posibles problemas que esta ambigüedad podría causar, si bien a efectos prácticos no hay nada que lo respalde.
“Sin la asociación de vecinos el centro queda en tierra de nadie”
José Manuel Blanco, alcalde de barrio de A Somoza y presidente de la asociación de vecinos, sabe de primera mano la odisea que puede suponer recuperar la titularidad de un inmueble que se encuentra en este espacio gris de la ley. Y es que pese a contar con numerosos documentos que demostraban que la construcción del centro social de esta parroquia había sido de iniciativa vecinal, cuando la comunidad perdió la personalidad jurídica, el inmueble pasó a engrosar el patrimonio de la Archidiócesis de Santiago.
En sus propias palabras, Blanco explica que “en nuestro caso, para que el edificio permaneciese en la comunidad, tuvimos que registrar propiamente la asociación de vecinos, con certificado de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Aún así, muchos se preguntan qué pasará si la asociación desaparece. En ese caso la propiedad volvería a quedarse en tierra de nadie”.
“Esta entidad tiene un origen más antiguo que el concello”
El historiador y escritor afincado en A Estrada, Juan Andrés Fernández, entiende la parroquia como “una entidad territorial con un poder y una presencia actual fuertísima”. El experto data su origen en el alto medievo, inicialmente de naturaleza eclesiástica, pero que con el tiempo fue mudando su semántica. Fernández cuenta que “su antigüedad es mucho mayor que la del concello, instalado en el siglo 19. Por ello, muchos se identifican todavía con la parroquia, en lugar de con otras supradivisiones, como la comunidad autónoma o el Estado”.
En esta línea, para el estudioso estradense “sería positivo que la parroquia pudiese votar democráticamente a su representante. Cualquier movimiento que aumente la capacidad de autodeterminación de esta entidad sería bienvenida”. Con todo, apunta que para ello había que cambiar la legislación, lo que actualmente no parece probable que vaya a suceder.
“La falta de entidad jurídica de la parroquia es un vestigio caciquil”
El historiador y docente Xoán Carlos Garrido entiende esta falta de entidad jurídica de la parroquia como “un vestigio del sistema caciquil que antaño regía en el rural gallego”, y por lo tanto, estradense. Recuerda una época en la que este debate se puso sobre la mesa, con el bipartito del PSOE y BNG hace algo más de una década. Garrido entiende que “a día de hoy, el alcalde de barrio está escogido por el gobierno local. Es, en realidad, un vigilante. Para que representase a la parroquia, tendría que ser esta la encargada de escogerlo. Sin embargo, las veces que se ha intentado buscar solución a esta problemática, a muchos no les ha interesado”.
En este aspecto, el historiador reconoce que “incluso en el Estatuto de Autonomía existe el reconocimiento jurídico de la parroquia, y curiosamente no suele haber oposición ideológica. Valdría la pena estudiar cómo actuar dentro del marco vigente”.
