Comisiones Obreras es el sindicato que suele acaparar el foco mediático en la política laboral del Concello de Lalín. Después de un anterior mandato muy crítico con el cuatripartito, en este mandato, con la nueva representación sindical, se abría una nueva etapa de cara a la concreción de acuerdos de calado como la relación de puestos de trabajo municipal y otros de importante calado.
Su secretario comarcal, José Luis García Pedrosa, avanzó tiempo atrás unas negociaciones propicias con el ejecutivo para sacar adelante el acuerdo regulador y el convenio colectivo, acuerdo que ayer aseguró se había cerrado el 11 de marzo. El fruto de estas negociaciones debería ser refrendado en pleno, pero no ha sido así. Pedrosa culpa directamente a dos altos funcionarios de, en cierta medida, tratar de torpedear unos pactos que suponen importantes mejoras para los empleados municipales. García Pedrosa no escatimó palabras gruesas contra el secretario y, sobre todo, la interventora municipal y los colocó en el disparadero por, a su juicio, elaborar informes contrarios a la aprobación de estos acuerdos: el regulador, para los funcionarios, y el convenio colectivo, que beneficia al personal laboral.
El representante de Comisiones indicó que los razonamientos expresados por la interventora en un informe de 37 páginas van más allá de su ámbito competencial e incluso osa entrar en cuestiones que no son de su incumbencia. “Se pasa tres pueblos con un informe en el que solo debería fiscalizar cuestiones de índole económico, pero cuestiona el texto legal; alguien tendrá que pararle los pies”, apostilló, y no dudó el calificar a los habilitada nacionales como “gentuza”. Entiende que con informes tan poco rigurosos, donde la interventora incluso entraría en recomendaciones sobre el fondo de lo que las partes debieron negociar y cómo habían de haberlo hecho está entrando en temas que no debería. “Se llegan a decir barbaridades como que se discrimina al personal laboral, cuando legalmente es imposible hacerlo”, apuntó Pedrosa, que además añadió que la Xunta, en caso de que hubiese cuestiones dudosas o irregulares ya no daría trámite a la documentación.
“No vamos a ser cómplices de esta situación y vamos a actuar”. Por esta razón conmina al grupo de gobierno a desoír estos informes de los altos funcionarios del ayuntamiento y aprobar en pleno los acuerdos del convenio colectivo y del acuerdo regulador. Pero, ¿puede el ejecutivo pasar por encima de estos dictámenes? o ¿son necesariamente vinculantes? Para Pedrosa, que ayer acudió a Lalín acompañado de su compañero José Enrique González, no hay dudas. Algo así, ilustró, aconteció en su momento en el Concello de Sanxenxo y el gobierno lo sacó adelante tras encargar un informe jurídico que desmontaría las aseveraciones de los propios funcionarios. Al tiempo, el sindicalista ya pidió el apoyo de las demás centrales para emprender, llegado el caso, “movilizaciones” que en primer lugar situarían en el foco a los responsables de los departamentos de Secretaría e Intervención.
Atrancos
Pedrosa insiste en que los habilitados nacionales no pueden marcar la agenda política al gobierno. Dice que este problema se arrastra en el Concello desde hace muchos años y recordó como un funcionario en cierto modo tumbó el acuerdo con el cuatripartito de regularización del complemento por productividades. Dijo que pese a estar cerrado “nunca vio la luz”.
