Fue uno de los proyectos empresariales más polémicos de los últimos años en Lalín y utilizado como arma política por el PP en la oposición contra el cuatripartito por su tibieza inicial. En julio de 2017 FARO desvelaba el interés de la compañía Racso Soluciones por asentar en el polígono de Botos una industria de reciclaje de neumáticos. A finales de ese año la empresa leonesa concretaba en 2,7 millones la inversión para poner en marcha su industria en una parcela en la que en su momento funcionó la láctea Prabasa. Ahora, Racso se deshace de esta propiedad por 1.162.000 euros y se despide de su experiencia lalinense, sobre todo porque en enero pasado la justicia daba la razón al Concello en su negativa a la concesión de la licencia municipal y tumbaba el contencioso presentado por la firma.
Las instalaciones de Botos están asentadas sobre un solar de 14.000 metros cuadrados, de los que 5.500 son construidos. Fuentes consultadas aseguran que la operación de venta se fraguó hace un tiempo y que Rasco colocó el cartel de se vende a las naves “hace unos meses”. Todo apunta a que la compañía trata de recuperar parte de la inversión realizada pues, además de la adquisición de los terrenos, había elaborado un proyecto que definía su plan empresarial para la capital dezana.
La sentencia llegó casi tres años después de que la empresa plantease recurso, el 28 de marzo de 2019, contra el acuerdo de la junta de gobierno del 4 de febrero de ese mismo año por el cual se declara la ineficacia de la comunicación previa de obras presentada por la empresa el 5 de diciembre de 2017 para la planta de neumáticos usados. A la hora de discutir la decisión municipal, Racso arguye que el 14 de marzo de 2016 pidió certificación urbanística relativa a la nave industrial sobre la que pretendía desarrollar su proyecto, haciendo “expresa referencia” al destino que le quería atribuir a la parcela. En la certificación del arquitecto municipal, autorizada por la junta de gobierno, no se le advirtió de “ningún inconveniente” para el desarrollo de la actividad. Ese fue el motivo por el cual formuló comunicación previa para la ejecución de la obra. La sentencia indicaba que el proyecto definitivo sufrió cambios y que precisaba autorización de Augas de Galicia por verter a un río. Pero abría la posibilidad de apelar al alto tribunal autonómico, vía que parece habría sido descartada.
Después de tramitar los permisos ante la Xunta, ya en noviembre de 2017, el Concello apuntaba que el proyecto cumplía y por tanto podría tener licencia. En abril de 2018 informes municipales cuestionan la seguridad de la futura actividad, emisiones a la atmósfera o riesgo de incendio y el ejecutivo ya aduce que con informes en contra no habrá permiso para Racso. Luego se suceden otros –la empresa alega que su proyecto tenía el respaldo de la Xunta– e incluso formuló otro informe sobre los vertidos que generaría su industria. El tira y afloja entre las partes remató con un contencioso favorable al ayuntamiento; el último episodio de esta historia.
