La apertura de un frente común contra el Ministerio de Transportes con Xunta y un grupo de alcaldes, con el lalinense, José Crespo, al frente para abaratar el precio de la AP-53 no ha servido de mucho o al menos poco ha preocupado al departamento de Raquel Sánchez. “Por el momento, el Gobierno no tiene previsto el establecimiento de bonificaciones en el peaje de la autopista AP-53”. Esta es la respuesta del ejecutivo central a una pregunta de diputados del PP en el Congreso formulada a finales de enero y cuya respuesta llegó el pasado día 2.
Tanto esta iniciativa como la elaborada por la Consellería de Infraestruturas –un informe acerca el impacto económico que supondría para esta infraestructura aplicar las mismas bonificaciones que las aprobadas por el Gobierno de España para la AP-9– ni siquiera habían sido replicadas, más allá de tímidas respuestas de sus representantes en la comunidad autónoma como el delegado en Galicia, José Miñones. En una visita a Silleda –después trascendería que tampoco está previsto mejorar el enlace de Lamela– indicó que la posibilidad de introducir descuentos en esta infraestructura no estaba cerrada, pero ya advirtió: “Hay que ser responsable a la hora de pedir; esta vía fue construida en 2002”. Estas declaraciones presagiaban lo que se acaba de constatar.
El informe elaborado por el departamento de Ethel Vázquez concluyó que la inversión precisa para la aplicación de los descuentos ascendía a 3,2 millones de euros y recoge la gratuidad del viaje de vuelta para los vehículos ligeros que hagan el regreso en 24 horas empleando el sistema de telepeaje; la reducción de un 20% adicional, para los que hagan por lo menos 20 desplazamientos mensuales y del 20% para vehículos pesados, con cualquier método de pago.
La AP-53 es la única autopista de titularidad estatal que no ofrece descuentos en sus tarifas por pago con telepeaje, sus precios la sitúan entre las más caras de España y la seguridad sigue en entredicho por un firme que no es capaz de drenar correctamente el agua de la lluvia. También resulta singular que sus usuarios deban pagar por kilómetros que no recorren, algo que se produce desde la apertura, hace casi dos décadas, del último tramo de la infraestructura de pago hasta Santo Domingo (Dozón). Ahora el Concello de Lalín pretende acabar con esta discriminación recurriendo a la Justicia y pleiteando contra la concesionaria, Autopista Central Gallega (Acega).
En junta de gobierno local se aprobó días atrás la adjudicación del contrato denominado Elaboración dictamen sobre a legalidade das peaxes da autopista AP-53 Santiago-Alto de Santo Domingo a favor del Bufete Gándara Moure SA por un importe total de 17.908 euros. Fue la oferta más ventajosa de las tres recibidas en un procedimiento negociado ya completado y que debe ser ejecutado en 15 días desde la firma del mismo. La capital dezana cuenta con tres salidas de la autopista (parque empresarial, Botos y Catasós), pero ninguna estación de peaje pues las dos últimas están ubicadas en terrenos de Silleda. A la altura de la parroquia de Ponte –en el punto kilométrico 33– están las cabinas de la salida anexa a la Semana Verde y solo unos metros más adelante las que corresponderían a Lalín. Así las cosas, pese a que la autopista tiene 56 kilómetros de longitud, a partir del 33 ya no hay más sistemas de pago. Los viajeros que quieran tomar cualquiera de las tres salidas lalinenses están forzados a pagar el desplazamiento completo hasta Dozón y por tanto hasta 15 kilómetros de vía que no recorren. Teniendo en cuenta que se recurrirá a un contencioso-administrativo hay que pensar que la resolución del conflicto, en principio, va para largo.
Crespo, ya había apuntado recientemente a la vía judicial como una posible salida para forzar a la concesionaria a aplicar unas tarifas acordes a los kilómetros recorridos por cada usuario tras conocer la experiencia positiva de la AP-9. Hace más de tres lustros ya se había apuntado la posibilidad de forzar a la concesionaria a construir una estación de peaje en Dozón, pero casi dos décadas después la AP-53 solo es noticia cada año por la carestía de sus peajes, que se incrementaron más de un 70% desde su inauguración.
Préstamo de 6,9 millones para obras en Lalín
El grupo de gobierno aprobó en solitario en el pleno del pasado 24 de febrero las bases para la contratación de operaciones de crédito, a la que pueden concurrir entidades financieras con las que tenga cuenta abierta el Concello de Lalín. Se trata de un préstamo de 6.908.011 euros, agrupados en cinco lotes: 1.370.000 para las obras de la rúa Areal, abastecimiento de agua y locales sociales; 3.130.000 para saneamiento del rural; 451.589 para la ampliación del cementerio de A Romea; 1.131.217 para la renovación del alumbrado, que cuenta con ayuda del IDAE; y 825.204 para tres proyectos de la Edusi ya perfilados en el anterior mandato: pasarelas verdes (180.000 euros), protección del patrimonio en Donramiro (70.000) e instalaciones de tiempo libre en el Manuel Rivero (575.204). La propuesta acaba de salir en la plataforma de contratación y establece que el préstamo será liquidado en 15 años incluyendo dos de carencia, con pagos anuales de cuota de amortización constante de capital e intereses, con lo que el montante real de la operación se irá a los 9 millones de euros. Así lo indica un informe del departamento de Intervención. En la documentación se especifica que en el primer año de carencia abarcará dos ejercicios a contar desde el día siguiente de la formalización del contrato, y un segundo que corresponde al de amortización; en este caso tendrá una duración de 13 anualidades. La previsión del grupo de gobierno pasa por acortar los tiempos.
