Galicia en Común pide un tratamiento arqueológico y divulgativo adecuado para Trazas de Pontevedra, promovido por la Diputación y el Ministerio de Transportes, que contempla la restauración y musealización de 18 asentamientos galaico-romanos en la provincia. La primera fase, que incluye el Castro de Toiriz (Silleda), fue acometida con todas las autorizaciones de la Xunta y la Diputación. Sin embargo, recibió informes desfavorables por “priorizar el ocio y el turismo antes que la conservación y protección del patrimonio histórico y cultural”.
El Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos), el Consello da Cultura Galega y la Academia Galega de Belas Artes emitieron valoraciones muy críticas con las obras ejecutadas. A raíz de ellas, la marca gallega de Podemos presentó varias preguntas a los ministerios de Transportes y Cultura. El Gobierno responde que esos informes se están teniendo en cuenta para el desarrollo de las quince actuaciones pendientes, entre las que figura Porta de Arcos, en Rodeiro. Transportes no descarta incluso paralizar las musealizaciones por mor de las denuncias de distintas organizaciones patrimonialistas.
Expolio patrimonial
El diputado Antón Gómez Reino insiste en la necesidad de evaluar las actuaciones realizadas hasta el momento para “identificar todas las desviaciones que se pudieron cometer en el proyecto”. Su formación sostiene que tanto las obras ejecutadas como las proyectadas “podrían suponer un expolio del patrimonio por atentar contra su integridad y provocar un deterioro de los castros y sus entornos”. Considera que las actuaciones previstas en Trazas de Pontevedra “deberían paralizarse de manera inmediata, en caso de que no se respete la normativa en materia de protección patrimonial”.
“La Xunta prioriza el interés turístico antes que la conservación y protección de los asentamientos castrenses y fue su responsabilidad lo que provocó el destrozo de las obras ya realizadas”, arguyen desde Galicia en Común, que seguirán “expectantes hasta que sepan lo que va a pasar con este plan. “Porque si se trata así nuestro patrimonio, mejor no actuar sobre él”, concluye Gómez Reino.
