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Urgen al Concello a acatar la sentencia por ocupación de una finca en Donramiro

Los afectados consideran que casi cuatro meses es tiempo suficiente para reponer el predio a su estado original | Fue invadido para la construcción de una senda peatonal

Piedras acumuladas sobre parte de la finca ocupada para construir la senda peatonal. | // BERNABÉ/JAVIER LALÍN

Los propietarios de una finca de Donramiro ocupada por el Concello para la construcción de una senda peatonal que comunica el multiusos con el lugar de A Costa exigen a la administración municipal que acate la sentencia y reponga el predio a su estado original, tal y como quedó determinado mediante sentencia no recurrible el pasado 23 de septiembre.

La familia estima que casi cuatro meses es tiempo más que suficiente para que el gobierno local procediese a la reposición de la legalidad, pero no ha sido así y la senda del Cinto Verde –uno de los proyectos de la estrategia europea Edusi Lalín Ssuma 21– continúa transcurriendo sobre la finca privada. Ante la pasividad del ejecutivo los afectados tienen en mente comunicar a la autoridad judicial los hechos para que fuerce a la administración a mover ficha y dar cumplimiento a la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 1 de Pontevedra. “Intentamos llegar a un acuerdo, pero no fue posible y eso que advertimos que era una propiedad privada. Si simplemente se consultase a cualquier vecino de Donramiro ya se darían cuenta de si el paso era público o no”, comenta su propietario, José Lamas.

Las obras de esta senda peatonal, una vez alcanzaron esta propiedad privada, prosiguieron al entender el Concello que discurrían por un bien de titularidad pública. En junio de 2020 pasado este vecino contactó con el ayuntamiento para, con la advertencia de que se estaba invadiendo una propiedad privada, tratar de acercar posturas. Pero no fue así y, según relata, incluso fue despachado con una cierta displicencia.

El demandante concretó que a principios de junio de 2020 la empresa contratada por el ayuntamiento para las obras invadió una superficie de 79 m2 de la parcela particular, destruyó un ribazo existente, eliminó un marco delimitador de la propiedad y allanó la tierra para acondicionarla como camino. Días después les requirió a Concello y empresa el cese de las actuaciones y la restauración del terreno, obteniendo como respuesta la continuidad de los trabajos. Había alertado que este paso era una servidumbre y no un camino público.

El Concello adujo que la obra ya se había rematado e insistió en que esta senda no linda con la finca del denunciante sino con un camino público “antiguo y tradicional de un gran valor paisajístico denominado Agro de abaixo. Y que este predio ya figura en el planeamiento urbanístico de 1999 como público.

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