El BNG de Silleda acusa al gobierno municipal de jugar con la concesión del servicio del SAF (Servizos de Axuda ao Fogar), dado que la empresa Pedroso y Rojas S.L., en la que recayó, no está cumpliendo con las funciones que le corresponden, según apuntan.
En esta línea, el grupo nacionalista pide que se rescinda el contrato con la actual concesionaria por incumplimiento de contrato, y que consecuentemente el servicio pase a ser municipal. Añaden que la ciudadanía está pagando para que se garantice una buena gestión de los servicios, no para que estos sean privatizados, o que ni siquiera se realice un seguimiento de la administración de las empresas receptoras de las concesiones públicas.
Considera, además, que la mala gestión se podía prever desde el inicio, puesto que ya en el proceso de adjudicación el BNG había denunciado un cambio en el administrador, que al parecer carecía de cualquier tipo de experiencia en labores de ese tipo, y auguraban que “lo que mal empieza, mal acaba”, profecía que según su perspectiva, se está realizando en la actualidad.
A parecer, una vez comenzado el servicio por parte de la empresa, prácticamente desde el minuto uno se incumplieron los pagos de las nóminas a las trabajadoras, con retrasos que tachan de inasumibles para quien tiene un salario ya de por sí precario. Así pues, antes de que el contrato cumpliese un año de edad, el bloque de Silleda pidió en pleno que no se prorrogase el contrato y que se asumiera desde el Concello la gestión del servicio, pero dicha moción fue rechazada por el PSOE.
Más tarde, en el mes de septiembre, volvieron a llevar a pleno el retraso en el pago de salarios, ante lo que el alcalde, Manuel Cuiña, confesó ser desconocedor de la situación, pese a que el personal había informado previamente al concejal de Servicios Sociales. El ejecutivo añadió, presuntamente, que no el tema no le causaba el suficiente interés para estar informado puesto que se trataba de una empresa externa a la institución municipal, y que por lo tanto, las damnificadas disponían de otras vías para reclamar el pago de sus nóminas.
Más recientemente, en el pleno de noviembre, salieron a la luz varias facturas de embargo a Pedroso y Rojas S.L. por un importe de 47.000 euros por parte de la tesorería de la Seguridad Social, a lo que Cuiña, una vez más, confesó ser ajeno. El BNG afirma que esto último resulta especialmente llamativo puesto que los pagos tuvieron que ser aprobados por el propio alcalde para llegar a efectuarse. La agrupación nacionalista pide más responsabilidad por parte del ejecutivo.
