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Faro de Vigo

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Retoman dos parques eólicos en montes de Lalín y O Irixo con 13 aerogeneradores

Los complejos “Valdepereira” y “Pico Seco” están promovidos por Taboada y Ramos | La Xunta somete a exposición pública su autorización administrativa e impacto ambiental

Aerogeneadores en un complejo energético de Lalín. | // BERNABÉ/JAVIER LALÍN

La sociedad Aerogeneración Galicia SL –vinculada a la empresa lalinense Taboada y Ramos– ha retomado la construcción de dos parques eólicos que afectan a terrenos de los términos municipales de Lalín y de O Irixo, donde se levantarán un total de 13 aerogeneradores, y cuya inversión superior a los 50 millones de euros. La Xunta acaba de anunciar la apertura del proceso de información pública y solicitud de autorización administrativa previa, de construcción y el estudio de impacto ambiental de las instalaciones Valdepereira y Pico Seco.

El primero de ellos tiene un presupuesto de ejecución material de 25,2 millones (más IVA) y consta de seis aerogeneradores que con una potencia de 24 MW tendrían una producción neta anual estimada de 87.112 megavatios/hora. Los molinos son de 105 metros de alto y 150 de rotor. Asimismo el proyecto objeto de estudio por la Consellería de Economía, incluye seis centros de transformación, una red subterránea de 30 kV para la evacuación de la energía entre los centros de transformación y la subestación, además de una torre meteorológica de 105 metros de altura de buje. El complejo energético se asentaría sobre un total de 254 parcelas, de las que 79 corresponden al término municipal lalinense y las demás en el limítrofe ourensano de O Irixo. El proyecto industrial tramitado ante la administración autonómico obtuvo, en noviembre de 2010, una de las máximas puntuaciones de los planes presentados con 88.

También ayer el DOG recogía la resolución de Economía sobre la solicitud de autorización para el eólico Pico Seco. En este caso en la propuesta inicial –como el otro recinto impulsado por Aerogeneración Galicia– se apostaba por levantar nueve molinos de viento en terrenos de Lalín, O Irixo y Dozón. Ahora, la documentación limita a cinco su número de aerogeneradores y excluye a Dozón en su ámbito de afección. Así, el parcelario afectado está compuesto por 127 predios, de los que 82 están en suelo lalinense y los restantes 45 en el municipio ourensano. Con una potencia de 27 Megavatios, el presupuesto de ejecución material de las obras asciende a 24,6 millones (sin IVA) para una producción neta anual estimada de 97.975 MW/h. Incluye cinco aerogeneradores de 3.800 kilovatios de potencia y dos de 4.000 con una altura de 105 metros de altura de buje y 150 de diámetro de rotor. Además de siete centros de transformación y una torre meteorológica de 105 metros de alto, la red subterránea mediante circuitos eléctricos enterrados, tiene una longitud de 1.604 metros.

Las solicitudes para la puesta en marcha de los dos complejos energéticos se someten a exposición pública por un período de 15 días contados a partir de la última publicación de la resolución de la consellería.

Declarados “iniciativa empresarial prioritaria”

La empresa promotora de las dos instalaciones había presentado ambos proyectos al concurso eólico convocado por la Xunta en 2010, siendo autorizados ya entonces por la consellería competente. Consultado el departamento autonómico de Economía por los detalles de este nuevo procedimiento, que llega más de una década después, se indica que la empresa modificó los proyectos en diciembre del año pasado con el objetivo de adaptarlos “a las nuevas tecnologías” y que por tanto es preciso iniciar de nuevo su tramitación. Es decir, las solicitudes deben superar los procesos de información pública o una nueva declaración de impacto ambiental. La consellería dirigida por Francisco Conde afirma que son proyectos declarados “iniciativa empresarial prioritaria”, por lo que sus tiempos de tramitación se reducen a la mitad, “pero teniendo que cumplir igualmente con todos los informes y requisitos que fija la legislación vigente”. Y, añade, que los proyectos evaluados por la Xunta, como es el caso, “cuentan con las máximas garantías técnicas, jurídicas y ambientales, porque tramitar no es lo mismo que autorizar”.

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