El líder de Compromiso por Lalín, Rafael Cuíña, se reafirmó ayer en sus manifestaciones del último pleno y entiende que el alcalde, José Crespo, no ha contado la verdad en el caso del exportavoz del PP local Javier Blanco Carballal. A Cuíña no le convencen las explicaciones del regidor sobre que el excargo de la Consellería de Medio Rural investigado por la Justicia pidió su baja de militancia en mayo de este año pues, como aseguraron estos días fuentes de la Xunta, Blanco Carballal “fue cesado de manera fulminante en octubre de 2020”.
“Las fechas no dan, así que pedimos al alcalde que diga la verdad, porque era consciente de este caso al menos siete meses antes y se mantuvo en silencio”. En caso de que las explicaciones del mandatario no sean convincentes, Compromiso solicitará su comparecencia en pleno para aclarar un episodio que para Cuíña es de extrema gravedad en términos políticos. Sobre el exportavoz popular asegura que no entrará en más detalles al estar su caso en manos de la Justicia y que le desea “lo mejor”. Y sobre la cuestión de que Blanco cesase de militancia para poder dedicarse con su empresa a la vida privada aduce que se trata de algo irrelevante pues hay empresarios significados políticamente que mantienen su actividad.
Gestión municipal
En su comparecencia mensual, Rafael Cuíña valoró algunos asuntos de actualidad municipal e incidió sobre todo en la gestión del grupo de gobierno. “Estamos recopilando documentación para remitirla al Tribunal de Contas y que valore qué está pasando con el dinero público en este ayuntamiento”. Apoya esta aseveración en lo que a su juicio supone la “anarquía administrativa” en la que tiene sumido al concello el ejecutivo de Crespo. Lamenta el voto contrario del gobierno a adjudicar contrataciones con empresas relacionadas o en las que trabajan concejales del ejecutivo y vuele a recriminar el abuso de los contratos menores –dijo que en la última acta de la junta de gobierno aparecen facturas por 51.000 euros reparadas por Intervención–.
El nivel de deuda que alcanzará el ayuntamiento con el préstamo de 9 millones de euros es otra de las cuestiones que preocupan a Cuíña pues, indican, hipotecará la administración y a sucesivos gobiernos le limitará la capacidad inversora una vez se retome la aplicación de las reglas fiscales. Calcula que cada año habrá que hacer frente a más de 300.000 euros solo de intereses “con los que se podían hacer veinte pistas en el rural”. También sobre la capacidad gestora del gobierno recuerda que en las arcas municipales hay 6 millones que fue incapaz de invertir, cuantía que, sospecha, se disparará al elevar el presupuesto en 10 millones para el próximo año. Quiere decir que si en la anterior cuenta el nivel de ejecución de los remanentes fue escaso, en la próxima todavía lo será más.
“Hay razones suficientes para presentar una moción de censura, que descartamos porque la aritmética lo impide, pero sí vamos a dar batalla política”, advirtió.
