Rafael Cuiña no da puntada sin hilo. En el pleno de ayer, mencionó en varias ocasiones a Javier Blanco como portavoz del PP. Así que era de esperar que en ruegos y preguntas interpelase al gobierno sobre si era sabedor de la denuncia de la Xunta contra Blanco por presunta prevaricación cuando estaba al frente de Agader, como adelantó FARO. José Crespo explicó que Blanco, tras ser cesado, volvió a retomar su agencia y en mayo pidió la baja en el partido, tanto como militante como en todos los cargos, así que ya no es portavoz del PP de Lalín. “Pidió la baja porque tiene que trabajar con todos los colores políticos”, apostilló.
La denuncia contra Blanco cerró una sesión que tuvo como protagonista la ampliación del parque industrial. “Creo que la primera fase de la cuarta fase de Lalín 2000 se puede adjudicar el año que viene. En este 2021, va a salir en el DOG a exposición pública el nuevo proyecto de sectorización y la urgente ocupación de los terrenos”, ya que solo están comprados en torno al 50%. Así lo anunció ayer el alcalde, José Crespo. Y no es sin tiempo. Como recordó la socialista Alba Forno, hace casi diez años, en 2012, Crespo había dado a conocer dicha ampliación pero en abril de 2018, tras varios trámites y con el cuatripartito en el gobierno local, la Xunta apuntó que no estaba justificada dicha ampliación y exige al Concello un registro de demanda, como recordó Rafael Cuiña, desde Compromiso por Lalín. Este partido fue el que pedía ayer en una moción la comparecencia de Crespo para que explicase plazos de ampliación así como la situación del Doing Business.
Sin suelo hasta 2024
Y fue Cuiña quien dio los plazos, porque es más que probable que no haya suelo industrial disponible en Lalín hasta 2024, pese a que la edil de Urbanismo, Raquel Lorenzo, insistió en que a su regreso al castro tecnológico, el PP hizo en dos años “trámites que llevan cuatro”. Lorenzo mencionó además la propuesta procedente ya de Xosé Cuiña de crear un parque industrial en Prado para el que se necesitarían 10 años. Pero Rafael Cuiña le aclaró que este polígono no sería alternativo a la ampliación de Lalín 2000, sino que se levantaría de forma paralela.
Compromiso retiró la moción, con la promesa de Crespo de explicarle todas las cuestiones al líder del partido. Y se topó con la mayoría del gobierno a la hora de votar su otra moción, sobre la contratación de empresas vinculadas al gobierno. Cuiña propuso un acuerdo plenario para dejar al margen de contratos empresas relacionadas con ediles del gobierno, porque tanto antes como ahora despiertan las críticas de la oposición. Desde el PSOE, Luz Iglesias se remitió a los reparos de Intervención en los que menciona estas afinidades así como el abuso de contratos menores. Crespo replicó que si no se echa mano de este tipo de contrataciones, el Concello puede bloquearse al optar por otros procesos, más largos, y atajó con un “no considero ético que se quiera menospreciar a empresas de Lalín por estar vinculadas a ediles del PP”.
Papel en blanco
Y ya que hablamos de contratos fue al final de la sesión cuando se rompió el buen ambiente que había reinado en el pleno. Fuera del orden del día la concejala de Facenda, Paz Pérez, explicó un expediente de 23.292 euros, para el que había que realizar consignación y propuesta de reconocimiento de crédito. Son facturas de Feiradeza y eventos de turismo o cultura. Y aquí la oposición estalló: desde el BNG, Francisco Vilariño dejó claro que en el anterior gobierno, a ningún edil se le ocurriría acometer gastos sin ver antes si había crédito. El socialista Cristóbal Fernández lamentó que solo en el pleno de ayer, entre los cinco decretos de levantamiento de reparos y los tres expedientes de modificación de crédito (los otros dos fueron de 797.169 euros para abastecimiento y saneamiento, y de 192.863, para luz), se destinasen a facturas nada menos que 1.227.073 euros.
La anterior edil de Facenda, Teresa Varela, reprochó que buena parte de estas facturas sea para pagar a empresas foráneas, y que algunas carecen de firma del técnicos, mientras hay un papel en blanco con la signatura del técnico y de un político. La concejala de Compromiso afeó que en esos más de 23.000 euros se incluyan gastos recurrentes, como la campaña de empadronamiento.
Desde el gobierno, Paz Pérez explicó que su partido podría haber evitado ese debate pasado las facturas a los presupuestos del año que viene, “pero es prioritario pagar”. Crespo cerró el debate alegando que Feiradeza había tomado una dimensión imprevista, y que concellos similares a Lalín tenían reparos “similares o peores”.
Sin dejar de hablar de números, al comienzo de la sesión hubo una dación de cuenta sobre los informes de morosidad y periodo medio de pago en el tercer trimestre, que es de 9,5 días. En el caso del Concello, es de 9,01, pero en el Padroado Cultural se extiende hasta los 17,41 días.
Debate sobre la promoción del gallego
El PSOE, que ayer no contó con la presencia de Román Santalla, expuso dos mociones. Una de ellas para habilitar una línea de ayudas a los negocios que opten por el gallego en su cartelería y documentación, y otra sobre la transparencia con los ediles y los ciudadanos. Ambas quedaron rechazadas por la mayoría del PP. Sobre la primera, el concejal del PP Avelino Souto recordó otras líneas de su gobierno como ayudas para lápidas en gallego o la reciente colocación de una placa en la entrada del camposanto de la Fraga do Alén, en defensa de dicho uso. Para 2022, hay además una partida para normalización lingüística. Souto apuntó que ahora es prioritario respaldar el aumento de ventas en el comercio, y en estas declaraciones BNG y CxL vieron un autoodio hacia el idioma. Sobre la necesidad de apurar las autorizaciones para consultar documentación y firmar las respuestas a las preguntas de la oposición, Raquel Lorenzo tiró de hemeroteca con varios ejemplos en los que el cuatripartito remitía respuestas sin timbrar.
Unanimidad en el respaldo al sector primario
Sí hubo mociones que salieron adelante: las dos del grupo de gobierno y una del BNG en defensa de la situación del sector lechero y cárnico. El Bloque pide, entre otras cuestiones, que la Xunta promueva foros de debate entre todas las partes del sector, y aceptó una addenda del PSOE para que gobierno autonómico y estatal inicien inspecciones de los contratos lácteos. Sobre las dos mociones del gobierno local, solo el PSOE se abstuvo en la moción que pide que concellos de menos de 50.000 habitantes puedan accede a las ayudas de los fondos Next Generation para modernización digital. La oposición dejó caer que en un pleno reciente el ejecutivo local ya trajo una moción similar. Sí hubo unanimidad, como en la del BNG, en la moción del PP sobre el convenio de los GES. que estudian Xunta y diputaciones. Lalín cuenta con 6 profesionales, y precisaría otros tantos. Este servicio realiza unas 2.500 salidas al año.
El regreso de José Iglesias
Durante el pleno se habló de otra persona que sí sigue vinculada al PP y al gobierno, José Iglesias. El BNG pedía en una moción la comparecencia de Crespo y el edil de Obras, José Cuñarro, para explicar su recontratación el día 2, como personal eventual de confianza. Tanto Francisco Vilariño como Cristóbal Fernández recalcaron que esa plaza había quedado vacante a la espera de incorporar a Iglesias, que tendrá que operarse de una cadera y es posible que esté de baja durante el mandato. No habrá comparecencia. Nunca las hubo desde 2019, “mientras nosotros aceptábamos todas, incluso alguna con cuatro horas” recordó desde CxL Miguel Medela.
Clases de Latín e Historia
Comenzamos esta información con un refrán, porque las frases y dichos son uno de los encantos de los plenos de Lalín. Ayer César Reboredo echó mano del panem et circenses (pan y circo) cuando habló del exigüe reparto de los fondos Next Generation, mientras Cuiña mencionó el lema citius, altius, fortius (más rápido, más alto, más fuerte) cuando se debatió la moción de transparencia. Recomendó trasladar el concello a la facultad de Historia, en vista de que siguen las comparaciones entre la gestión del actual gobierno y el anterior.
