El alcalde de Silleda, Manuel Cuiña, volvía a demandar esta semana al Gobierno de España, a través de su delegado en Galicia, José Manuel Miñones, la mejora del enlace de la AP-53 en Lamela. Pero el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) ya dejó claro hace ahora un año –en una respuesta parlamentaria al BNG– que “no ha actuado ni puede actuar sobre este tramo”.
El diputado nacionalista Néstor Rego registró en octubre de 2020 una batería de preguntas interesándose por la situación de este enlace y si el ministerio tenía intención de acometer mejoras de cara a incrementar la seguridad vial en el tramo que une la rotonda de salida de la autopista con la N-525. En su respuesta, fechada el 24 de noviembre, el MITMA se lava las manos: “La AP-53 en el tramo indicado incluye el enlace ubicado en su punto kilométrico 24 hacia A Bandeira, finalizando el tramo de competencia estatal a la altura de la glorieta del ramal a A Bandeira, adyacente al área de peaje”. “Por tanto –concluye el escrito ministerial–, el resto de la carretera existente entre la citada glorieta y el tronco de la N-525 no es de titularidad del Estado”.
En efecto, la conexión entre ambas vías nacionales se realiza a través de una pista de la parcelaria, muy estrecha en algunos puntos y con el firme permanentemente en mal estado, al no estar preparada para soportar ese tráfico. “Su gestión, tutela y defensa no corresponden, en la actualidad, al MITMA. Por ello, al no tratarse de una carretera estatal, no ha actuado ni puede actuar sobre este tramo”, remacha.
“No es de recibo”, aduce el BNG, que una obra de estas características remate en una rotonda sin dar una solución segura en su salida a la N-525. “Es más, parece que la obra está sin rematar”, apostilla. Según vecinos de la zona, el proyecto inicial de la autopista contemplaba para su conexión con la carretera nacional la construcción de un vial por detrás de los lugares de A Brea y Barravaite, “sin tocar a la pista de concentración parcelaria y sin interferir en la vida diaria de los vecinos”. “Pero no se ejecutó”, lamenta.
Conflicto de intereses
El Bloque apunta a “un conflicto de intereses” en la población local: Por un lado, teme la inseguridad que provoca la circulación de vehículos por este tramo y, por otro, teme que el paso de la pista a titularidad estatal los obligue a altos retranqueos, a solicitar autorización al ministerio para cualquier obra o que prohíba la circulación de aperos agrícolas. Los nacionalistas exigen “a la administración que corresponda” a consensuar con los vecinos una solución que les satisfaga a ellos y a los usuarios de la autopista.
