La responsable municipal de Facenda y teniente de alcalde de Lalín, Paz Pérez, observa con curiosidad como los “líderes del gobierno caótico” consideren ahora grave cuestiones recogidas por Intervención en informes que, dice, enjuiciaron al cuatripartito “con acusaciones muy graves de desgobierno, falta de criterio y total descoordinación”. Estas indicaciones, dice, fueron desautorizadas por el anterior ejecutivo alegando “interpretación sesgada” de la responsable del departamento de Intervención de entonces.

Recuerda a Compromiso y PSOE, “los líderes del gobierno del caos”, que el informe al que aluden prueba la total independencia de la interventora, Susana López, y que lleva a cabo su labor de fiscalización “sin atender al dictado de nadie”. No obstante, sí reconoce que el gobierno discute cómo expuso sus alegatos en el expediente de la cuenta general del año pasado.

Insiste en que el documento “contiene interpretaciones del estado de determinados aspectos que hasta ahora no se recogían, porque los interventores, ella misma no lo hizo en el anterior, entendían que debían hacer únicamente en este anexo un mero relatorio de la documentación, pero que con las modificaciones que se van introduciendo año a año decidió incorporarlo” Frente a esta posición, recuerda otro tipo de informes como uno de finales de 2017, donde la anterior interventora, catalogaba al cuatripartito poco menos que del “camarote de los hermanos Marx” .

Difícil “ir por el libro”

Sobre los contratos menores, apostilla la teniente de alcalde que, lo que recoge el informe “no dice nada que no le dijesen antes a Compromiso y al PSOE los tres interventores por los que pasaron y que a nosotros nos dicen y seguirán diciendo porque tal y como está configurada la ley hay cosas que puedes hacer por el libro y hay otras que tienen escasos sentidos como procedimientos para cantidades ínfimas o para contratación de servicios que solo se pueden hacer con una sola empresa porque no hay otros que presten ese servicio o ese suministro”.

Recuerda a las dos fuerzas de la oposición que “los que abrieron la veda de los contratos menores reparados y con observaciones y las facturas con deficiencias fue el gobierno de Cuíña y de Casares; deficiencias que decían eran debidas “al propio funcionamiento del ayuntamiento y que ahora “tildan de graves y quieren disfrazar con acusaciones tendenciosas”. Concluye su valoración indicando que se trata de un informe que “pone énfasis sobre determinados aspectos pero que queda muy lejos del apuntado en 2017”. Por eso indica que si le dan credibilidad a este informe, el realizado por la interventora de aquel momento, Eva Casal, también lo tiene con el mismo derecho, en el que apuntaba a una gestión caótica, falta de comunicación entre políticos, y unos departamentos sin apenas relación entre ellos”, arguye.