La posición del Tribunal Supremo sobre el cobro de las plusvalías municipales parece definitiva de cara a la obligada supresión de este tributo potestativo y, a falta de conocer con detalle el texto legal, los concellos aguardan por el camino que tomará el Gobierno central en la compensación de la pérdida de ingresos por este concepto.
En las comarcas el denominado Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) solo se aplica en los concellos de A Estrada y Silleda una vez que Lalín y Forcarei lo borraron de su libro de ordenanzas en 2016 con efectos del año siguiente. Consultados ambos ejecutivos sobre el alcance de esta tercera sentencia del alto tribunal, el mandatario silledense, Manuel Cuíña, entiende que el cobro de este impuesto quedaría inhabilitado y por eso aguarda por las decisiones del ejecutivo central. “Es un impuesto totalmente irrisorio para Silleda pues para este año tenemos presupuestados 5.000 euros y algún año ni llegamos a ingresar lo que habíamos previsto”, dice, al tiempo que subraya que la mayor parte de las operaciones inmobiliarias actuales se cierran por importes semejantes al valor catastral del inmueble y no por encima. “Como lleva años siendo un tributo no gravoso para los vecinos estuvo ahí; si la sentencia obliga a retirarlo evidentemente que lo vamos a quitar, y en cuanto Hacienda habilite otro en su lugar se estudiará. Las plusvalías ya no afectan a las arcas municipales ni a los ciudadanos”, añadió el primer edil trasdezano. Los datos de la liquidación presupuestaria del pasado año indican que este tributo dejó 15.783 euros en la caja municipal, muy por encima de los 2.755 del anterior o los 4.926 de 2018. En la última década las plusvalías aportaron a este ayuntamiento unos 150.000 euros.
Consultado en los mismos términos su homólogo estradense, José López, afirma que por el ahora su gobierno no ha tomado una decisión. “De momento no tenemos tomada una posición acerca de este tema”, declaró. La liquidación municipal del año pasado apunta a que la recaudación por las plusvalías ascendió a 79.125 euros y 177.715 y 41.105 euros en los dos ejercicios anteriores respectivamente. En una década el impacto sobre el capítulo de ingresos de este impuesto ronda el millón de euros.
Lalín y Forcarei eran, hasta 2017, los otros dos concellos de las comarcas donde sus vecinos estaban obligados a pagar este tributo en las operaciones de compraventa de propiedades de naturaleza urbana. Los años del boom inmobiliario en la cabecera comarcal dezana fueron aprovechados por este Concello para llenar su caja, con años de ingresos de más de 400.000 euros. En diez años fueron casi 1,9 millones y de hecho en anualidades ya con este tributo cancelado en las liquidaciones presupuestarias seguían apareciendo ingresos por este concepto: 38.427 euros en 2018 y 16.225 en 2019, sin ir más lejos.
El peso de este tributo en las cuentas del Concello de Forcarei era mucho menor y el gobierno municipal lo dejó sin efecto hace ahora cuatro años.
Disputa entre el alcalde y el PSOE lalinense
El alcalde de Lalín, José Crespo, y el PSOE mostraron ayer sus posturas sobre el alcance de esta sentencia. El regidor recordó que fue su grupo en la oposición la que forzó al gobierno en minoría a suprimir las plusvalías con una iniciativa plenaria en 2016. Dijo que los entonces ediles del cuartipartito Teresa Varela y Nicolás González Casares le habían recriminado que esta decisión podría comprometer el capítulo de ingresos municipales, pero insistió en que gracias a su iniciativa permitió a los vecinos ahorrar unos dos millones de euros en estos años. “No es por presumir, pero fuimos unos adelantados a los tiempos, yo defendía que este impuesto era injusto que en su día valió, pero luego no evolucionó”. Ahora Crespo aguarda por los movimientos del Gobierno central y dice que puede darse la casuística que, ya sin este tributo en vigor en Lalín, el Estado pueda compensar a los ayuntamientos en caso de su cancelación definitiva en España. Los socialistas no comulgan con el argumento del alcalde y recuerda que fueron ellos los que llevaron en su programa de gobierno, en 2015, la eliminación de este impuesto y los que un año después cumplieron este compromiso “ahorrándoles a las familias dos millones de euros durante los pasados años y muchos problemas al Concello”. “El tiempo nos dio la razón”, dicen sobre la postura del Supremo. Además, recuerdan a Crespo que fue él quien introdujo este tributo “sangrando a los lalinenses durante los años más duros de la crisis “y ahora hace el ridículo calificándolo como injusto”. También le echan en cara que mantuviese la contribución en sus cifras impositivas más elevadas en plena crisis económica.
